“No hay gobierno que no pueda acabar con la delincuencia; si no lo hace, es porque la delincuencia ya es parte del gobierno”. Comienzo esta columna con una frase lapidaria del presidente Nayib Bukele.
Esta frase dio vueltas por mi cabeza al pensar en la «republiqueta del Chapare», donde el Estado parece no tener pisada. Pero ahora creo que puede aplicarse aún más a las últimas noticias sobre la minería ilegal, que sorprenden y mucho.
En Potosí (cuenca del río Tagoni, Pocoata) se «descubren» —valga el término— 500 personas en un campamento, operando casi 200 volquetas y 100 retroexcavadoras en la explotación ilegal de oro. Una comisión descubre un río destrozado y cerros horadados en la búsqueda desesperada del vil metal, con un saqueo de 1,5 toneladas de oro. Una operación muy grande, por donde se la vea, con daños ambientales irreversibles en aquella área.
En el norte de La Paz, la minería ilegal aurífera también destruye la biodiversidad, contamina el agua y afecta gravemente la vida de los pueblos originarios por el uso indiscriminado de elementos químicos como el mercurio.
La AJAM parece no exigir requisitos ambientales a empresas consolidadas y legales y, peor aún, a «empresas» ilegales formadas por grupos irregulares que lindan con la delincuencia.
En el caso paceño, esto viene ocurriendo desde hace muchos años. En el potosino también, aunque parece haberse descubierto recién. Muy extraño, ¿verdad?
Bolivia tiene 1.098.581 kilómetros cuadrados de territorio y una población de 11.312.620 habitantes, según el censo de 2024. Esto da un promedio de casi 11 habitantes por kilómetro cuadrado.
Claro que, de los 11 millones, una gran mayoría vive apretujada en las tres ciudades del eje y en las otras capitales departamentales, por lo que todavía existen grandísimas extensiones con escasa población. ¿Justificará esto la imposibilidad de detectar operaciones ilegales en el territorio?
Claro que no. Dados los tiempos que corren, los satélites —incluido el Túpac Katari—, además de los drones, los helicópteros y los aviones de nuestra Fuerza Aérea, bien podrían vigilar el territorio para advertir operaciones ilegales antes de que los equipos se oxiden en los hangares.
Pero, dejando a un lado la candidez, en un mundo ya globalizado y dominado por las redes sociales no se puede tapar el sol con un dedo y, seguramente, lo de Potosí era un secreto a voces.
Para movilizar tantas volquetas y retroexcavadoras, varios caminos conducen al lugar y, según se dice, hay cadenas para impedir el paso de vehículos extraños. Vaya y pase con una empresa como San Cristóbal (totalmente legal, por cierto), pero no con «empresas» ilegales, sin licencias ambientales ni permisos de explotación. ¿Quién controla todo esto?
Parafraseando a Bukele, lo que pasa es que la delincuencia y la ilegalidad ya son parte del Gobierno. Por eso, los encargados de controlar la minería hacen la vista gorda a cambio de algunas dádivas.
La AJAM (Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera) deberá concentrar mayores esfuerzos, en coordinación con otras entidades, para verificar denuncias en todo el territorio nacional y así controlar y desarticular actividades no autorizadas, atendiendo a las comunidades afectadas.
El respeto a los recursos naturales, al medio ambiente y a los habitantes de aquellos lugares está contemplado en las normativas de la AJAM, al menos en teoría, y debe hacerse cumplir. Más aún cuando el Gobierno impulsa la política de cero corrupción. Lo contrario sería dar la razón a lo expresado por el presidente salvadoreño.
