Chile todavía no demuestra la existencia de las cien toneladas de droga que anunció, pero ya habría destruido gran parte de la madera que debía servir para comprobarlo.
El 8 de junio, autoridades chilenas informaron que 1.080,8 toneladas de madera procedente de Bolivia contenían sustancias ilícitas. La Fiscalía Regional de Arica y Parinacota estimó que la droga representaba entre el 10 y el 20 por ciento de cada carga. De allí surgió la cifra de más de cien toneladas, difundida internacionalmente con el respaldo de altas autoridades chilenas.
La acusación provocó graves consecuencias para la industria forestal boliviana. Empresas perdieron clientes, se paralizaron operaciones y la madera nacional quedó bajo sospecha. Sin embargo, los informes conocidos posteriormente mencionan trazas de cocaína, ketamina y otras sustancias, con concentraciones muy inferiores a las anunciadas inicialmente.
Detectar un rastro no demuestra cuánto había en un cargamento ni permite concluir que toda la madera estuviera impregnada. Mucho menos justifica convertir hallazgos mínimos en cien toneladas de droga.
Ante estas inconsistencias, los exportadores contrataron a dos especialistas estadounidenses. James Craig Kuykendall, quien trabajó 31 años en la DEA y dirigió su oficina en Chile, cuestionó los métodos de análisis y la falta de claridad sobre las cantidades calculadas. Scott Richard Oulton, químico forense de la misma agencia durante 36 años, sostuvo que la densidad de las especies exportadas dificulta su impregnación y consideró posible una contaminación superficial durante la manipulación o el transporte.
El fiscal Mario Carrera respondió que se realizaron controles con perros, equipos especializados y análisis del Instituto de Salud Pública, que habría detectado sustancias en 44 contenedores. Sin embargo, persiste la pregunta fundamental: ¿cómo se calculó la cantidad anunciada y dónde están las pruebas que la respaldan?
Mientras esas dudas continúan sin respuesta, comenzó la destrucción de la madera. Al menos seis contenedores fueron incinerados en septiembre. El 21 de ese mes, la Fiscalía pidió suspender temporalmente las quemas mientras se atendían diligencias solicitadas por la defensa. No obstante, el procedimiento se reanudó el 28.
El 8 de octubre, el abogado chileno Daniel Guevara Cortés, representante de varias empresas bolivianas, denunció que el Servicio de Salud de Arica había incinerado toda la madera almacenada en el puerto y en la zona extraportuaria. Las autoridades chilenas deben confirmar o desmentir esa afirmación e informar qué cargamentos permanecen en San Antonio y Valparaíso, así como qué muestras fueron conservadas.
Si la evidencia desaparece antes de esclarecer la acusación, cualquier verificación independiente se vuelve más difícil. No basta con invocar la obligación legal de destruir la droga incautada: primero debe establecerse qué se encontró, en qué cantidad y con qué respaldo científico.
Una comisión de ocho senadores bolivianos que visitó Arica concluyó preliminarmente que las pruebas exhibidas no respaldaban la cantidad anunciada y que no pudo comprobar físicamente la existencia de las supuestas toneladas.
El perjuicio trasciende a los empresarios. La industria forestal sostiene una cadena productiva que incluye trabajadores, transportistas, comunidades indígenas y campesinas. Según cifras preliminares del Instituto Nacional de Estadística, las exportaciones de madera y manufacturas cayeron un 60,9 por ciento entre mayo y agosto respecto del mismo periodo de 2025, una pérdida de 12,5 millones de dólares.
La Cámara Forestal incluso recomendó evitar las exportaciones por Arica. Cuando un puerto deja de ofrecer seguridad al comercio boliviano, el problema se convierte en un asunto de Estado, especialmente para un país necesitado de divisas y mercados.
El Gobierno boliviano reaccionó tardíamente, confundiendo el respeto a la independencia judicial chilena con la falta de defensa de los intereses nacionales. Posteriormente, el canciller Héctor Huanca planteó el caso a su homólogo chileno y ambos acordaron convocar al Grupo de Trabajo sobre Libre Tránsito, en el marco del Tratado de 1904. El ministro Fernando Aramayo también exigió respuestas claras y sustentadas en pruebas científicas.
Bolivia debe reclamar un inventario certificado de la madera destruida y de la que todavía permanece en los puertos, acceso a los informes completos del Instituto de Salud Pública y una verificación independiente de las muestras conservadas.
El artículo VI del Tratado de 1904 reconoce a Bolivia el más amplio y libre derecho de tránsito comercial por territorio y puertos chilenos. Esto no impide perseguir el narcotráfico, pero exige controles rigurosos, transparencia y respeto al debido proceso.
La visita de José Antonio Kast, prevista para el 16 y 17 de octubre, debe servir para exigir respuestas, no limitarse a ceremonias diplomáticas. Si Chile demuestra que hubo narcotráfico, Bolivia deberá cooperar para sancionar a los responsables. Si no puede acreditar la magnitud de su acusación, deberá reconocer el daño y repararlo.
Combatir el narcotráfico exige toda la fuerza de la ley, pero también respeto por la verdad y las garantías judiciales. Bolivia no pide impunidad: exige pruebas y respeto.
El fuego puede consumir la madera, pero no convertir una acusación en prueba.
