¡Qué país tan extraordinario el nuestro! Aquí, algunos funcionarios públicos parecen descubrir el secreto de la prosperidad económica apenas reciben un nombramiento. Y, curiosamente, alrededor de ciertos cargos florecen negocios, amistades, parentescos y una generosidad digna de los grandes filántropos.
¡Qué manera de progresar! Lo de Mariaca y los
demás investigados ya no debería sorprendernos solamente por los millones
encontrados. Primero, una ambulancia transportando dinero. Después, dólares en
cajas de zapatos. ¡La justicia boliviana parece haber descubierto un sistema
bancario que no necesita bancos!
Pero lo verdaderamente interesante no está
dentro de las cajas, sino alrededor. Porque en Bolivia el poder rara vez se
disfruta en soledad. Siempre hay un hermano disponible, un sobrino emprendedor,
un cuñado con talento empresarial, un compadre influyente y algún amigo
dispuesto a colaborar.
Y, si queda presupuesto para la vida social,
aparecen las comparsas, las fraternidades, los equipos de fútbol, las casacas
regaladas y los carnavales inolvidables. ¡Qué maravilla de solidaridad!
La pregunta incómoda no es si tener familiares
constituye un delito. Evidentemente, no lo es. La cuestión es cuándo una
relación familiar o una amistad deja de ser un vínculo personal y se convierte
en un mecanismo de influencia, protección o enriquecimiento.
Ya conocemos esa vieja costumbre boliviana de
confundir lo público con lo privado y lo institucional con lo familiar. Algunos
parecen creer que, al recibir un cargo, también obtienen una empresa para
administrar entre sus allegados.
Cuando aparecen fortunas cuyo origen se
investiga, surgen otras preguntas: ¿quiénes compartieron los beneficios?,
¿quiénes facilitaron operaciones?, ¿quiénes conocían los movimientos
patrimoniales?, ¿quiénes prefirieron no preguntar? ¡Qué fácil resulta hacerse
el desentendido cuando el dinero paga la fiesta!
El caso Mariaca también ha abierto
interrogantes sobre posibles relaciones entre funcionarios judiciales y otros
personajes públicos. Las denuncias de Margarita Arce sobre presuntas
comunicaciones entre Mariaca y Nadia Beller merecen una investigación
verificable. Desde el Tribunal Supremo de Justicia, presidido por Rómer
Saucedo, corresponde exigir controles efectivos, no solamente declaraciones
institucionales.
La independencia judicial no consiste en
proteger a una institución del escrutinio público, sino en garantizar que nadie
esté por encima de la ley: ni fiscales, ni jueces, ni amigos, ni familiares,
cuando existan indicios concretos que justifiquen investigarlos.
¿Cuántos ciudadanos fueron investigados por
movimientos bancarios insignificantes mientras los mecanismos de control no
detectaban fortunas que hoy despiertan sospechas? ¿Cuántos empresarios tuvieron
que defender su patrimonio ante acusaciones infundadas? ¿Cuántas denuncias de
extorsión quedaron sin respuesta y cuántos expedientes terminaron archivados
sin explicaciones suficientes?
No olvidamos casos como «La Torre», el hotel
Las Américas, AEROSUR, el Banco FASSIL y otros de gran repercusión, vinculados
a denuncias y controversias que merecen esclarecimiento. La corrupción no
necesita que toda una institución participe. Le basta con encontrar suficientes
puertas abiertas y controles ineficaces.
Pero hay algo más que discutir. Hemos visto
millones de bolivianos y cientos de miles de dólares bajo investigación. ¿Y
después qué? ¿Otra interminable historia de custodias judiciales, depósitos,
administradores, trámites y expedientes?
Mientras tanto, los hospitales necesitan
medicamentos y numerosas familias hacen colectas para pagar tratamientos
médicos. Propongo que todo el dinero recuperado definitivamente de delitos de
corrupción, respetando los derechos de las víctimas y las garantías legales,
tenga un destino prioritario y transparente: ¡LA SALUD!
Sin padrinos, operadores ni intermediarios
políticos. Que cada boliviano pueda conocer cuánto se recuperó, dónde se
depositó y en qué hospital se utilizó.
¡Imaginen semejante ironía! Que el dinero
proveniente de una extorsión comprobada termine pagando una operación. Que una
fortuna ilícita se convierta en medicamentos. Eso sería transformar un
escándalo en reparación social.
No se trata de condenar anticipadamente a los
investigados. Tampoco todos los familiares son cómplices, todos los amigos son
operadores ni todas las fortunas son ilícitas. Se trata de exigir que se
esclarezcan los hechos y las responsabilidades individuales.
La corrupción no siempre comienza con una
maleta de dinero. A veces empieza cuando alguien decide que, por amistad, parentesco
o conveniencia, es mejor no hacer preguntas. También debemos dejar de aplaudir
la ostentación sin preguntarnos cómo se financia.
Porque, si mañana cambia el fiscal, pero
permanecen intactos los mecanismos que permitieron los presuntos abusos, habremos
cambiado al administrador sin resolver el problema.
¡En Bolivia necesitamos menos amigos del poder y más instituciones capaces de investigarlo!
