Cuando revisamos las principales características de una radio comunitaria, encontramos que debe defender la democracia y respetar la pluralidad de opiniones; trabajar para solucionar los problemas sociales de las comunidades y promover la educación, la ciencia, la cultura y el deporte. Además, debe permitir que todos los ciudadanos expresen sus ideas y promover su participación. Ninguna de estas características cumplía la mal llamada Radio Comunitaria Kausachun Coca, pues se trataba de un medio de comunicación utilizado por el expresidente Evo Morales como si fuera de su propiedad privada. Por eso, el cierre de esta emisora y sus repetidoras no constituye un atentado contra la libertad de expresión. Es, por el contrario, uno de los actos de sinceramiento más importantes que ha tenido el Estado boliviano en años en materia de comunicación.
Una radio comunitaria no es una radio
sindical, partidaria y mucho menos la emisora de un caudillo. Según los
principios de la Ley General de Telecomunicaciones y de la Asociación Mundial
de Radios Comunitarias (AMARC), sus funciones son claras: prestar un servicio a
la comunidad y responder a sus necesidades de información, educación y
entretenimiento. No a las de un líder político.
Kausachun Coca, que funciona desde 2006 y cuenta
con un canal de streaming y seis repetidoras, incumplió, según esta visión,
todos esos principios. Instalada en el corazón del Chapare cochabambino, la
emisora no se caracterizaba por informar sobre los problemas de agua, educación
o salud de las comunidades. Su programación de 24 horas estaba dedicada a una
sola agenda: victimizar a Evo Morales, atacar a sus opositores internos y
externos, convocar a bloqueos y difundir la línea política del evismo.
En octubre de 2026, la Autoridad de Regulación
y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) de Bolivia revocó el
uso de seis frecuencias de Radio Kawsachun Coca (RKC). Según reportes de la
propia emisora, la medida habría afectado hasta 11 de sus 15 licencias. Sin
embargo, la decisión ha sido calificada como un atentado contra la libertad de
expresión.
Era la radio del presidente de las seis
federaciones de productores de coca del Chapare. Y ese dato no es menor. Esa es
la región donde, según estudios de la ONU y datos atribuidos al propio Estado,
cerca del 95 % de la coca producida no se destina al akulliku ni a otros usos
tradicionales, sino que termina vinculada al narcotráfico. No se trata de la
hoja de coca de los Yungas destinada al consumo tradicional, sino de una
materia prima utilizada para producir cocaína.
Y la pregunta es: ¿qué tiene de comunitaria
una radio que defiende a rajatabla un modelo cocalero al que se atribuyen
violencia, laboratorios clandestinos y la estigmatización de toda una región?
Nada. Kausachun Coca no informaba: adoctrinaba. No integraba: dividía. No daba
voz a la comunidad: se la quitaba para entregársela a un expresidente que la
utilizaba como trinchera política. Por eso, su cierre no debe interpretarse
como un acto de censura.
Por el contrario, debe entenderse como la
recuperación de un espectro radioeléctrico que pertenece al conjunto de la
sociedad y no a un caudillo. Mientras tanto, periódicos como Página Siete, de
La Paz, cerraron sus puertas en medio de lo que se denominó una «tormenta
perfecta», cuyos componentes incluían la asfixia económica derivada de la
publicidad estatal. En contraste, una investigación del periódico El Deber
estableció que, solo en 2022, el Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES),
dependiente del Ministerio de la Presidencia, registró recursos destinados a
pauta gubernamental por un monto superior a los Bs 300.000, además de
publicidad contratada a través de empresas estatales como YPFB, Entel y otras.
En definitiva, el cierre de Kausachun Coca representa, desde esta perspectiva, el fin de una farsa comunitaria promovida durante los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce como parte de una estrategia política para conquistar y conservar el poder. Porque, a la hora de la verdad, en Chaparina se reprimió violentamente a indígenas que se oponían a un proyecto gubernamental y, con el Fondo Indígena, se defraudó la confianza de quienes debían beneficiarse de esos recursos.
