Hace poco menos de un año, justo al concluir las funciones de los «magistrados prorrogados» y con la posesión de la nueva presidenta del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), escribí una columna donde sostenía que Bolivia atravesaba la página más negra de la historia de su justicia.
Obviamente, esa historia no comenzó con los magistrados prorrogados ni terminará con la aprehensión del fiscal general. Existe una organización criminal incrustada en los más altos niveles del Estado, profundamente estructurada y permeable incluso a los cambios de gobierno. Las autoridades de turno pueden cambiar, pero la mafia continúa ahí, arraigada en lo más profundo del aparato estatal.
La aprehensión de Roger Mariaca constituye una paradoja casi surrealista. El hombre que por mandato constitucional debía dirigir la persecución penal y combatir el delito aparece, según los datos y las pruebas hechas públicas, como el líder supremo de una organización criminal. Que la máxima autoridad del Ministerio Público termine encarcelada por acusaciones de organización criminal y tráfico de sustancias controladas es una distorsión propia de una distopía que revela fehacientemente que Bolivia se ha convertido en un Narcoestado.
Es fundamental revisar el inicio de este abominable proceso. Como denuncié hace más de una década, el origen es estrictamente político y se remonta a los primeros años del régimen del MAS. Este, impulsado por su proyecto de «poder eterno», desnaturalizó la esencia del Órgano Judicial sometiéndola a sus perversos fines. El poder judicial dejó de ser un contrapeso institucional y se convirtió en un apéndice funcional del poder político. Con absoluta convicción puedo afirmar que el origen fue político: se construyó un aparato judicial subordinado, trastocando de raíz la función primordial de la justicia.
Entre los años 2008 y 2010, con los denominados casos «Terrorismo» y «La masacre de Porvenir», la justicia fue instrumentalizada para perseguir, neutralizar y eliminar a los adversarios políticos, borrando prácticamente a toda la oposición de la Media Luna. Hubo ejecuciones directas y crímenes cuyos autores intelectuales y materiales, con tanta sangre a cuestas como Evo Morales, Álvaro García Linera y Juan Ramón Quintana, continúan en la impunidad.
Observen cómo actuaron entonces los fiscales y jueces. En las acusaciones, un personaje oscuro como el exfiscal Marcelo Soza, que encabezó la investigación del caso Terrorismo en Santa Cruz, no solo se ocupó de sembrar pruebas, acusar y perseguir, sino de extorsionar de la manera más cínica y perversa. Ahí comenzó la historia de los fiscales extorsionando por todo, incluso para recibir denuncias. Así se estructuró, desde la propia fiscalía, un sistema de recaudación con procesos plagados de irregularidades, uso discrecional de la norma y una justicia convertida en un mero instrumento de chantaje.
Luego, este proceso se «institucionalizó» mediante la preselección de magistrados en la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde el MAS acabó eligiendo a dedo a las máximas autoridades judiciales durante las gestiones de 2010 y 2014. El proceso parlamentario fue un burdo teatro de evaluaciones ficticias, cuoteo corporativo y favores políticos a candidatos sin méritos. La elección por voto popular fue diseñada no para posesionar a operadores de justicia, sino a operadores políticos en la perspectiva de perpetuarse en el poder.
De esta manera, Morales y su partido capturaron la estructura completa del sistema judicial. Devolviendo favores, los magistrados modificaron la Constitución para habilitar la candidatura de Morales en 2019 e instauraron un consorcio de jueces y fiscales para garantizar impunidad en casos como el de Gabriela Zapata o el desfalco millonario del Fondo Indígena.
Los fallos «a la carta» exigían retribución: al conceder servilismo político, fiscales y jueces obtuvieron carta blanca para extorsionar y manipular procesos a discreción. Este lúgubre escenario solo cambiará cuando la justicia recobre verdaderamente su independencia. Si la aprehensión de Mariaca no deriva en una transformación radical y se reduce a un simple cambio de nombres, todo seguirá exactamente igual.
*El autor es profesor de la Carrera de Ciencia Política de la UMSS.
