El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé afirmó que la justicia boliviana se ha convertido en un instrumento de la política para la revancha y protección. Ante esta situación, planteó la necesidad de una transformación estructural del sistema judicial y de un programa de justicia transicional.
“Es francamente triste ver cómo la justicia se ha convertido en una puerta giratoria donde se puede juzgar y condenar y encarcelar a presidentes y expresidentes que entran y salen de la cárcel según cambian los gobiernos, porque la justicia se ha convertido en un espectáculo de revanchas y de protección”, manifestó en el programa Hagamos Democracia de ERBOL.
Enfatizó que la política se encarga de mantener a la justicia como está, “porque es un instrumento de escarmiento político o de protección para actuaciones que podrían ser puestas a consideración de jueces".
Rodríguez Veltzé sostuvo que la crisis judicial requiere una hoja de ruta que comprometa a la clase política y a la ciudadanía, con medidas a corto, mediano y largo plazo. Señaló que las reformas deben partir de un diagnóstico de los problemas del sistema y no limitarse a responder a escándalos coyunturales.
Entre las medidas que propuso mencionó la actualización y armonización de los códigos legales, la revisión de los mecanismos de elección de magistrados y la atención de las deficiencias del Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y el Consejo de la Judicatura.
El expresidente también cuestionó la elección popular de las autoridades judiciales y afirmó que es necesario revisar esa modalidad. “El juez no es político”, sostuvo, al señalar que sus decisiones deben responder a la ley, los hechos y su conciencia, y no a compromisos con partidos políticos o autoridades.
Asimismo, planteó un programa de justicia transicional que contribuya a restablecer la justicia en democracia, atender a las víctimas y cancelar los esquemas de impunidad.
Rodríguez Veltzé rechazó que el denominado Escudo de las Américas sea una solución a los problemas judiciales de Bolivia. Afirmó que la crisis es estructural y que no puede explicarse únicamente por el narcoterrorismo, debido a que el sistema también enfrenta dificultades en materias civiles, comerciales, familiares y contenciosas.
También advirtió sobre las demoras en el Tribunal Constitucional, la falta de una política criminal de Estado y las dificultades de los ciudadanos para acceder a una justicia pronta, gratuita y transparente.
A su juicio, la transformación del sistema debe convertirse en una política de Estado, con participación plural y voluntad política para superar los problemas que afectan a la administración de justicia.
