Bolivia está frente al precipicio económico y ya no tiene margen para seguir postergando las decisiones difíciles. El Banco Mundial proyecta una contracción del 2,8% del PIB en 2026. La recuperación tampoco será inmediata: el organismo anticipa nuevas dificultades en 2027 y un crecimiento de apenas el 0,6% en 2028. El ajuste fiscal que Bolivia necesita hasta 2029 equivaldría al 8,5% del PIB. La pregunta ya no es si hay que recortar, sino dónde y cómo hacerlo.
Llegó la hora de la motosierra, pero no se
trata de cortar a ciegas, sino de desmontar un Estado que gasta más de lo que
recauda, acumula estructuras burocráticas y sostiene actividades improductivas
con recursos que no tiene. La disciplina fiscal no es un capricho del FMI: es
una condición para recuperar la estabilidad, contener la inflación y
reconstruir la confianza.
El primer corte debe hacerse en la burocracia:
eliminar cargos innecesarios, privilegios, consultorías superfluas, gastos
políticos y oficinas duplicadas. Las empresas públicas son prioritarias. Las
que no justifiquen su existencia tendrán que cerrarse o pasar al sector
privado. No hay razón para que los contribuyentes financien indefinidamente
negocios estatales inviables.
La motosierra debe distinguir entre grasa y
músculo. Recortar indiscriminadamente salud, educación e infraestructura sería
destruir capacidades esenciales mientras se intenta sanear las cuentas. El
objetivo es reducir el costo del Estado, no las oportunidades de los
ciudadanos.
El segundo frente es la eliminación de distorsiones,
comenzando por los subsidios generalizados a los combustibles. Su costo fiscal
es elevado, pero trasladar abruptamente el ajuste al transporte, la agricultura
y los alimentos puede castigar a quienes menos tienen. El Gobierno debe
publicar el ahorro obtenido y establecer ayudas temporales, focalizadas y
transparentes para los más vulnerables.
La motosierra necesita una herramienta
complementaria: el crecimiento. Bolivia requiere seguridad jurídica, acceso a
divisas, menos trabas burocráticas y reglas estables para atraer inversiones.
La agroindustria, la minería, los hidrocarburos, el turismo y los servicios
pueden generar empleos, exportaciones e impuestos. Sin inversión privada, el
ajuste será una pelea por distribuir una riqueza cada vez menor.
La austeridad tendrá costos y nadie puede
prometer un ajuste indoloro. Lo que sí puede exigirse es que los sacrificios no
recaigan exclusivamente sobre los ciudadanos mientras la burocracia y los
privilegios permanecen intactos. La motosierra debe comenzar por el gasto
inútil, continuar con las empresas inviables y abrir espacio a quienes
producen.
Bolivia necesita un Estado más pequeño,
cuentas ordenadas y una economía privada capaz de crecer. Si el Gobierno
combina disciplina fiscal con reformas productivas y protección focalizada, el
ajuste puede abrir una salida a la crisis. Si se limita a subir costos,
recortar sin prioridades y pedir paciencia, solo habrá cambiado el tamaño del
problema, no su naturaleza.
Bolivia necesita un Estado más pequeño, cuentas ordenadas y una economía privada capaz de crecer. Si el Gobierno combina disciplina fiscal con reformas productivas y protección focalizada, el ajuste puede abrir una salida a la crisis.
