La actual composición del congreso boliviano, lleno de advenedizos bajo sospecha de vender su curul al mejor postor y de trabajar a favor del crimen es un síntoma de la grave crisis estructural en la que se cuentra la política boliviana, donde las siglas partidarias no son más que cáscaras vacías y la ética pública un adorno en desuso. Para comprender por qué no funciona la política ni prosperan los partidos en Bolivia, es necesario mirar hacia adentro: las organizaciones políticas perdieron de forma absoluta la capacidad de disciplina, sanción y autoexigencia.
En los partidos bolivianos actuales no se
sanciona a nadie, no se castiga a nadie y los tribunales de honor son una mera
ficción formal. Bajo un malentendido principio de "lealtad", se
encubre cualquier falta: no importa si median denuncias de corrupción,
escándalos éticos o delitos graves; todos se mantienen en filas, se reciclan o
son premiados con nuevos cargos. Rige implícitamente esa máxima criolla que
dicta que "entre bomberos no nos pisamos la manguera" o "entre
bueyes no hay cornadas".
Esta impunidad interna ha conducido a la
desaparición del partido como institución formadora de ideología y programa. En
su lugar, han proliferado los "partidos taxi": franquicias
electorales sin cuadros, sin plan ni convicción, que prestan o alquilan su
sigla al mejor postor. Forjados de forma vertical en torno a la figura de un
caudillo, en estas estructuras no existe renovación generacional ni carrera
partidaria orgánica; los militantes no escalan por mérito o formación, sino por
subordinación ciega.
Cuando estos espacios llegan al gobierno, el
proceso de descomposición se acelera. La ineficiencia y la corrupción terminan
de pudrir la gestión pública. La falta de autocrítica es total: lejos de
retirar a los elementos señalados por manejos irregulares o faltas éticas, se
los reinstala en el aparato estatal.
Incluso las alternativas que se presentan como
"independientes" o renovadoras terminan reproduciendo el mismo
esquema. La dinámica de liderazgos que carecen de una base partidaria propia,
como ocurre con Rodrigo Paz, refleja esta falencia: al no contar con un partido
estructurado, recurren al ensamble improvisado. Esto no deriva en un
pragmatismo eficiente ni en la selección de los mejores perfiles técnicos o
éticos, sino en la cooptación de las mismas figuras maleadas que llevan hasta
40 años reproduciendo los mismos vicios.
La Ley N° 1096 de Organizaciones Políticas
tampoco ha servido como remedio efectivo. Aunque la norma exige democracia
interna y mecanismos de fiscalización, en la práctica ha sido rebasada por la
cultura del transfugio, el caudillismo y la omisión deliberada de sanciones.
En este marco de silencio cómplice, donde
nadie denuncia ni exige cuentas y todos terminan metidos en la misma olla, la
política boliviana carece de viabilidad. Sin sanción, sin principios y sin
capacidad de purga interna, el horizonte de la representación democrática en
Bolivia apunta a un futuro innegablemente oscuro.
La política boliviana naufraga en "partidos taxi", impunidad y caudillismo. Sin sanciones, expulsión de corruptos ni renovación ética, la complicidad generalizada condena al país a un futuro innegablemente oscuro.
