El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela retiró la competencia especial en delitos de terrorismo a los cuatro tribunales de control de Caracas que concentraban la mayoría de los procesos contra presos políticos. La medida, firmada por la presidenta del máximo tribunal, Caryslia Rodríguez, dispone que las causas sean transferidas a juzgados ordinarios de primera instancia, según la materia y el lugar donde ocurrieron los hechos.
La decisión se produce en medio de nuevas
negociaciones entre el Gobierno interino y representantes de la Asamblea
Nacional elegida en 2015, en un contexto de presión política para introducir
cambios en el sistema judicial y avanzar en la apertura política del país.
El abogado Joel García, defensor de varios
presos políticos, calificó la medida como positiva y sostuvo que los tribunales
especiales fueron utilizados para perseguir a la disidencia. Consideró que los
expedientes deben pasar a los jueces ordinarios, aunque advirtió que algunos
procesos podrían quedar sin efecto si se determina que las acusaciones carecen
de fundamento jurídico.
Sin embargo, la resolución no elimina
expresamente toda la jurisdicción especial en materia de terrorismo ni anula
las causas existentes. El abogado Omar Tosta Mora, defensor de dirigentes del
partido Vente Venezuela, advirtió que los procesos que ya se encuentran en
etapa de juicio continúan vigentes y que la medida no representa una
transformación integral del sistema.
La disposición ordena a la Comisión Judicial
del TSJ comunicar a los jueces afectados el cese de sus funciones en las causas
relacionadas con delitos de terrorismo. Los expedientes deberán ser
distribuidos a los tribunales ordinarios competentes, que asumirán los casos en
la etapa procesal en la que se encuentren y mantendrán las medidas judiciales
previamente dictadas.
El traslado tendrá algunas excepciones. Los
expedientes vinculados con operaciones encubiertas, intervenciones telefónicas
en tiempo real o medidas cautelares urgentes no serán reasignados de inmediato.
Los jueces salientes dispondrán de hasta 15 días hábiles para concluir esas
diligencias e informar a la Fiscalía antes de entregar los casos.
Los tribunales especiales fueron creados en
2012 mediante una resolución del propio Supremo, una decisión cuestionada por
abogados debido a que, según sus argumentos, la Constitución exige una ley para
establecer jurisdicciones especiales. Hace aproximadamente cinco años, estas
instancias comenzaron a concentrar procesos de carácter político que
anteriormente eran tramitados, en muchos casos, ante la justicia militar.
Por estos juzgados pasaron causas emblemáticas
contra opositores, activistas y militares. También tramitaron procesos
relacionados con más de 2.000 detenidos durante las protestas posteriores a las
elecciones presidenciales de 2024, así como expedientes de personas acusadas de
mantener vínculos con grupos armados, en algunos casos bajo cuestionamientos
sobre la solidez de las pruebas.
Entre los antecedentes recientes figura el
caso Brazalete Blanco, que terminó con condenas para un grupo de militares y la
absolución de Rocío San Miguel, su expareja Alejandro González de Canales y dos
activistas de Vente Venezuela. La eliminación del cargo de terrorismo en ese
proceso fue interpretada por algunos defensores como una señal de
debilitamiento de esta jurisdicción.
La reforma integral del Poder Judicial sigue
pendiente y forma parte de las negociaciones para designar un nuevo Tribunal
Supremo de Justicia. La decisión actual no modifica de manera sustancial la
estructura del sistema, pero responde a una de las demandas planteadas por
organizaciones de derechos humanos y abogados que cuestionan la independencia
de los tribunales.
La medida también se enmarca en la apertura
política impulsada bajo el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez, después de la
intervención militar estadounidense del 3 de enero. Ese escenario ha
incrementado la presión sobre las autoridades venezolanas para revisar los
mecanismos judiciales utilizados contra opositores y otros sectores críticos
del poder.
Aunque el traslado de expedientes podría modificar el desarrollo de numerosos procesos, los abogados advierten que todavía está por determinarse cuántas causas serán archivadas, revisadas o continuarán ante la justicia ordinaria. La decisión representa un cambio en la distribución de los casos, pero no garantiza por sí misma la liberación de los detenidos ni la anulación de las condenas cuestionadas.
