La Fiscalía Especializada en Delitos Anticorrupción, Legitimación de Ganancias Ilícitas, Delitos Tributarios y Aduaneros de La Paz emitió una orden de aprehensión contra Nilton Condori, investigado junto con el expresidente Evo Morales y otras personas por los presuntos delitos de terrorismo e instigación pública a delinquir.
El documento del 16 de octubre de 2026, dispone la aprehensión de Condori, al señalar la existencia de “riesgos de fuga y de obstaculización”, en aplicación del artículo 226 del Código de Procedimiento Penal.
La orden fue emitida dentro del caso CUD 201102012606689, abierto a instancias de Edgar Manolo Rojas Paz. Este domingo, la Policía aprehendió a Condori cuando se disponía a participar en un ampliado convocado en la ciudad de El Alto. Hasta el momento, no se conocieron detalles oficiales adicionales sobre el procedimiento.
Una denuncia por terrorismo
El diputado Manolo Rojas, del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, presentó a finales de septiembre una denuncia penal contra Morales, Condori y otros dirigentes por los presuntos delitos de terrorismo e instigación pública a delinquir.
La acción penal fue planteada a raíz de las supuestas amenazas de cercar La Paz, que habrían sido expresadas durante un ampliado de sectores afines al evismo realizado en Lauca Ñ, en el trópico de Cochabamba.
La investigación alcanza a Condori, quien fue suspendido durante ocho meses de sus funciones como senador suplente por una denuncia relacionada con su presunta participación en las movilizaciones y bloqueos registrados en mayo y junio. La sanción legislativa se produjo después de que fuera acusado de promover, instigar y encabezar esas medidas de presión.
Condori convocó a un ampliado en El Alto
La aprehensión se produjo horas antes del ampliado convocado por Condori en El Alto, donde se tenía previsto analizar la situación política del país y definir eventuales medidas de protesta contra decisiones del Gobierno, entre ellas el retiro de la subvención al diésel.
Tras la suspensión de los bloqueos, el legislador también protagonizó enfrentamientos públicos con otros dirigentes que participaron en las movilizaciones. En junio, acusó al dirigente campesino Vicente Salazar de recibir Bs 50.000 mensuales del Gobierno para abandonar las medidas de presión y afirmó que los sectores movilizados habían mantenido al país paralizado durante 50 días.
Se espera un informe de la Policía y del Ministerio Público sobre la aprehensión y las actuaciones que se desarrollarán dentro del proceso penal.
