A pocos días de cumplir su primer año de gestión, el Gobierno de Rodrigo Paz mantiene pendiente la reorganización del servicio exterior y la designación de embajadores. Hasta ahora, solo concretó el nombramiento de Luis Fernando Camacho como representante de Bolivia en Paraguay, mientras que José Luis Lupo desistió de asumir la misión ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).
La demora abrió cuestionamientos sobre la conducción de la Cancillería, la permanencia de funcionarios de anteriores administraciones y la falta de una estrategia pública para las relaciones internacionales. La excanciller Karen Longaric denuncia la continuidad e incorporación de personal que considera vinculado al MAS, mientras la politóloga Ana Lucía Velasco atribuye el retraso a problemas de planificación e improvisación gubernamental.
Anuncios incumplidos
En febrero, la Comisión de Política Internacional de la Cámara de Diputados anunció que las designaciones se concretarían entre marzo y junio. Ese plazo no se cumplió. En mayo, Paz justificó la demora por restricciones económicas: “No hay pues platita pues. Es un problema de recursos”, declaró en esa oportunidad.
En julio, el entonces canciller Fernando Aramayo aseguró que los nombramientos se realizarían ese mes. Los primeros nombres se conocieron recién el 11 de agosto: Camacho para Paraguay y Lupo para la OEA. El primero asumió el 16 de septiembre, mientras el segundo declinó la designación el 6 de octubre, al considerar que las circunstancias habían cambiado.
Para Longaric, la falta de nuevos embajadores no tiene una explicación suficiente. También cuestiona que se mantenga a funcionarios de anteriores gobiernos y que, según afirmó, durante la gestión actual se haya incorporado a personas vinculadas al MAS en áreas como la Dirección Jurídica y Transparencia.
La exministra sostiene que la Cancillería necesita profesionales especializados en derecho internacional, derechos humanos, cooperación, asilo y extradición. A su juicio, Bolivia cuenta con diplomáticos de carrera preparados para asumir esas funciones.
“Cómo puedes pretender un cambio si vas a continuar con las mismas personas que impulsaron un proyecto absolutamente lesivo a los intereses de Bolivia”, cuestionó. Longaric considera que la renovación debe alcanzar tanto al personal como a la orientación política exterior que, en su evaluación, estuvo marcada por intereses partidarios durante los gobiernos del MAS.
Trámites, empresas e inversiones
Velasco reconoce que el Gobierno debe revisar qué embajadas y consulados conviene mantener, cerrar o abrir, además de resolver deudas pendientes con personal anterior. Sin embargo, considera excesivo que el proceso se prolongue casi un año.
“Es demasiado tiempo”, afirma, y señala que el retraso refleja una falta de planificación más amplia dentro del Ejecutivo.
La politóloga advierte que la ausencia de una conducción diplomática definida puede repercutir en los trámites consulares de los bolivianos en el exterior y en la defensa de sus derechos. También puede limitar las gestiones para atraer inversiones, una necesidad urgente ante las dificultades económicas del país.
En su criterio, Bolivia debe identificar los mercados prioritarios, los sectores que requieren capital y los países con potencial para invertir. A partir de ese diagnóstico, tendría que fortalecer las misiones diplomáticas con personal especializado en comercio y economía. “Como no se ha tomado ningún tipo de decisión al respecto, se entiende que no hay tampoco una visión, no se ha terminado de esbozar una visión estratégica”, sostiene.
Velasco también plantea reactivar la Academia Diplomática y profesionalizar la carrera para evitar que las embajadas y consulados sean utilizados como recompensa por apoyos políticos. Considera que la selección de representantes debe responder a criterios de formación y mérito.
Legisladores cuestionan la demora
La diputada de Libre Liza Claros asegura que la falta de una representación diplomática encabezada por un embajador en Chile perjudicó a empresarios madereros y advierte que otros sectores y ciudadanos pueden enfrentar dificultades similares. “Es importante que después de un año no tener un cuerpo diplomático que defienda los intereses de la población boliviana es una barbaridad”, manifestó.
Su colega Adriana Jiménez también cuestiona la falta de designaciones y sostiene que Bolivia necesita representantes con conocimientos de economía, finanzas e inversiones para generar convenios, atraer capitales y promover el turismo.
El diputado de APB-Súmate Freddy Camacho pidió una autocrítica al Gobierno y mayor coordinación entre el presidente, el vicepresidente y los ministros. “Tienen que acelerar los pasos porque ya va a ser un año”, afirmó.
Desde Alianza Popular, Claudia Herbas considera que los procedimientos diplomáticos requieren consultas con los países receptores, pero no deberían prolongarse más de seis meses. Criticó que la gestión esté próxima a cumplir un año con un solo embajador y sin una estructura exterior plenamente definida.
El oficialismo apunta a las deudas heredadas
La diputada del PDC Claudia Bilbao defendió la gestión del Gobierno y atribuyó parte de la demora a las obligaciones económicas que dejó la anterior administración. Aseguró que existen deudas salariales en embajadas y que esa situación dificulta el traslado de algunos funcionarios. “Hay embajadores que no los puedes ni traer, porque les deben sueldos y se han ido quedando en diferentes países”, afirmó.
Bilbao sostuvo que el presidente busca seleccionar a personas capaces de generar negocios y abrir mercados para Bolivia. Su posición contrasta con la de legisladores opositores, que consideran que la falta de nombramientos debilita la presencia del país en el exterior.
