El Gobierno de Francia desplegará efectivos militares para apoyar a la Policía y la Gendarmería durante las manifestaciones previstas para el sábado 24 de octubre, después de los disturbios, saqueos e incendios registrados el último fin de semana en París, Marsella, Lyon y otras ciudades del país. El primer ministro, Sébastien Lecornu, anunció un dispositivo de seguridad reforzado y reconoció errores en la respuesta de las autoridades.
El ministro del Interior, Laurent Nuñez,
confirmó que integrantes de la operación militar Sentinelle se incorporarán al
operativo para asumir tareas de apoyo y permitir que policías y gendarmes
concentren sus recursos en el mantenimiento del orden público. Lecornu aseguró
ante la Asamblea Nacional que el despliegue del sábado será masivo.
Las autoridades admitieron fallos de
inteligencia y una estrategia policial demasiado estática durante los
incidentes del 17 de octubre. Lecornu también reconoció que fue un error no
cancelar las licencias previstas para parte de los efectivos de seguridad,
mientras Nuñez expresó su pesar por lo ocurrido y asumió parte de la
responsabilidad.
Como parte de las medidas de emergencia, el
Ejecutivo extendió los toques de queda localizados en distintas zonas afectadas
por la violencia. Las restricciones alcanzaron también a Marsella, Niza y
Burdeos, donde las autoridades locales establecieron horarios y perímetros
específicos para limitar nuevos incidentes.
En el plano político, Lecornu acusó a grupos
de la extrema izquierda de organizar los disturbios con el objetivo de
desestabilizar las instituciones. Como ejemplo, mencionó la detención de un
sospechoso de haber iniciado el incendio que destruyó el histórico ayuntamiento
de Limoges. Según las autoridades, el detenido figuraba en una lista de
vigilancia policial y estaría vinculado a un grupo de ultraizquierda. La
investigación deberá establecer las responsabilidades del ataque.
El enfrentamiento se extendió al partido La
Francia Insumisa (LFI), liderado por Jean-Luc Mélenchon. Lecornu cuestionó la
posición de esa formación frente a la violencia, mientras que el ministro del
Interior sostuvo que sus actuaciones contribuyeron a agravar la tensión. Manuel
Bompard, coordinador de LFI, rechazó las acusaciones y denunció que el Gobierno
intenta responsabilizar a su partido mediante el uso de información de los
servicios de inteligencia.
Mélenchon, por su parte, cuestionó las
declaraciones del primer ministro y advirtió sobre los riesgos de recurrir al
artículo 16 de la Constitución francesa, que permite al presidente ejercer
poderes excepcionales bajo determinadas condiciones. El dirigente opositor
sostuvo que cualquier ampliación de las atribuciones del Ejecutivo debe
respetar las libertades constitucionales y contar con mecanismos de control.
La crisis de seguridad coincide con el
descontento por el encarecimiento del costo de vida y las dificultades de
financiación de los servicios públicos. El sindicato estudiantil UNEF convocó a
nuevas movilizaciones para el sábado y anunció que mantendrá la presión sobre
el Gobierno de Emmanuel Macron por la falta de recursos destinados a la
educación. También resurgieron los llamados a protestar de sectores vinculados
al movimiento de los chalecos amarillos, que denuncia el aumento de los costos
de la energía.
Los disturbios ya provocaron consecuencias
económicas. La cadena de supermercados Carrefour informó de pérdidas de decenas
de millones de euros por robos y daños en sus establecimientos. Al mismo
tiempo, el rendimiento de los bonos soberanos franceses a diez años alcanzó su
nivel más alto en 24 años, en medio de la preocupación de los inversores por la
inestabilidad política y las dificultades presupuestarias del país.
La tensión también se manifestó en otras
partes de Europa. Varias ciudades del norte de Italia, incluida Milán,
registraron disturbios durante el fin de semana, mientras el ministro de
Defensa italiano, Guido Crosetto, vinculó esos episodios con una forma de
guerra híbrida asociada al uso de redes sociales y plataformas digitales. En
Albania, entretanto, estaban previstas nuevas protestas contra el Gobierno de
Edi Rama en Tirana, en la séptima jornada consecutiva de movilizaciones.
La sucesión de incidentes aumenta la preocupación por la extensión del malestar social europeo, en un contexto de dificultades económicas, cuestionamientos a los servicios públicos y creciente polarización política. En Francia, el Ejecutivo deberá responder a las nuevas movilizaciones mientras intenta recuperar el control de las calles y afrontar las críticas por los fallos de seguridad, a menos de un año de las elecciones presidenciales de 2027.
