La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) intervino este miércoles las oficinas de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem), en la zona de Sopocachi de la ciudad de La Paz, tras denuncias de presuntos cobros de dinero a funcionarios a cambio de mantenerlos en sus puestos de trabajo.
“Se ha recibido denuncias respecto al cobro de dinero por conservar el puesto de trabajo en la Aisem”, afirmó la diputada de la alianza Libre Cecilia Vargas, quien se trasladó hasta las instalaciones de la institución y anunció que hará seguimiento a las actuaciones policiales.
Según Vargas, las denuncias fueron recibidas inicialmente por vía telefónica. Durante la intervención, al finalizar la tarde de este miércoles, varias personas prestaban declaraciones ante los investigadores, quienes a la vez solicitaron la presencia de otros funcionarios para recabar información sobre los hechos denunciados.
La diputada indicó que el hecho irregular consistiría en que se exigió a algunos trabajadores el equivalente a un sueldo completo o medio sueldo para conservar sus contratos o los ítems que ocupan. También señaló que funcionarios del Ministerio de Salud prestaban declaraciones, aunque no precisó la situación de cada uno ni el grado de participación que podrían tener en el caso.
Hasta las 20:00 de este miércoles, no se dio a conocer oficialmente los nombres de las personas investigadas ni se precisó el alcance de las responsabilidades o posibles procesos.
En marzo pasado, la ministra de Salud Marcela Flores informó sobre dos presuntos casos de corrupción en entidades dependientes de su cartera y anunció la desvinculación de las directoras de la Aisem y la Asuss. En la Agencia de Infraestructura y Equipamiento Médico de Bolivia (Aisem), se denunció el cobro irregular de dinero a cambio de favorecer a una empresa en una licitación, mediante el envío de un código QR por un monto equivalente al 10% del proyecto.
El segundo caso se registró en la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo (Asuss), donde al menos 10 funcionarios habrían sufrido descuentos mensuales ilegales de entre Bs 187 y más de Bs 500 durante varios meses, a cambio de conservar sus cargos. Flores señaló que ambos casos fueron remitidos al Ministerio Público y aseguró que el Ministerio de Salud y el Estado proporcionarán toda la información disponible para las investigaciones.
