Estados Unidos retiró las visas a más de 60 dirigentes, funcionarios, exautoridades y familiares de Colombia y Bolivia por presuntos vínculos con el narcotráfico y la corrupción, en una nueva ofensiva de la Administración de Donald Trump contra las redes criminales que, según Washington, penetraron las instituciones públicas de América Latina. La medida, anunciada este jueves por el Departamento de Estado, alcanza a 40 ciudadanos bolivianos y a más de 20 personas vinculadas con la política colombiana.
El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que Washington está ampliando su campaña contra la corrupción y el narcotráfico en la región. En el caso boliviano, el Gobierno estadounidense señaló que respalda los esfuerzos para eliminar la influencia delictiva en los tribunales, las fuerzas policiales y el Poder Legislativo, una declaración que vuelve a poner bajo escrutinio internacional a instituciones encargadas de combatir el crimen organizado.
En Bolivia, la restricción afecta a 15 funcionarios y exfuncionarios públicos, además de 25 familiares directos, según la información difundida por el Departamento de Estado. Entre los nombres mencionados figuran el exfiscal general Juan Lanchipa Ponce, el exfiscal Armando Rojas, el juez Julio Alba Flores y Aldo Quezada, presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
La lista también incluye a Julio César Porras Velarde, fiscal coordinador de la Unidad de Sustancias Controladas de Santa Cruz, y a Rony Suárez Milliet, investigado en el marco de las pesquisas internacionales relacionadas con el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. La inclusión de funcionarios vinculados con la justicia y la persecución del narcotráfico profundiza las dudas sobre la capacidad de las instituciones bolivianas para actuar con independencia frente a las redes criminales.
Entre los demás sancionados aparecen el exfiscal Félix Balderas; Freddy Bismarck, excomandante policial de Tarija y exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN); Katherine Calderón, exdirectora general de Migración; Óscar Ortiz, director del Servicio General de Identificación Personal; y Fernando Velasco, exjefe de seguridad aeroportuaria de la FELCN en Viru Viru.
La medida alcanza asimismo a Diego Alejandro Barboza, exdirector de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), y a los diputados Rafael López y Rolando Pacheco. La inclusión de funcionarios de distintas áreas estatales sugiere que la preocupación estadounidense no se limita a la actuación policial, sino que comprende los sistemas de justicia, migración, identificación y control financiero, considerados esenciales para investigar y desarticular organizaciones criminales.
La nueva ronda de restricciones se suma a la anunciada el 28 de septiembre, cuando Washington revocó las visas de otra veintena de altos funcionarios bolivianos, entre ellos el entonces fiscal general Roger Mariaca. Estados Unidos lo acusó de solicitar y recibir sobornos para facilitar el tráfico de estupefacientes. Dos días después de conocerse la sanción, Mariaca fue detenido por la Policía boliviana en el marco de una investigación por presuntos vínculos con el narcotráfico.
En Colombia, uno de los nombres más destacados es Ricardo Roa Barragán, expresidente de la petrolera estatal Ecopetrol y exgerente de la campaña que llevó a Gustavo Petro a la Presidencia en 2022. Roa enfrenta investigaciones penales relacionadas con su gestión al frente de la empresa y con su participación en la campaña electoral. La restricción de su visa añade presión internacional sobre una figura vinculada tanto al sector energético estatal como al entorno político del anterior Gobierno.
La lista colombiana incluye también a Yahir Acuña, alcalde de Sincelejo; al senador electo Wadith Manzur, cuya posesión no se concretó porque la justicia ordenó su detención en marzo; a la representante a la Cámara Karen Manrique, detenida por el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo; y a los exsenadores Julio Chagui y Liliana Esther Bita, además del exdiputado José Ignacio Mesa Betancurt.
Según el Departamento de Estado, la decisión busca respaldar los esfuerzos del Gobierno colombiano para combatir la influencia criminal dentro de sus instituciones. El comunicado también destacó la cooperación bilateral en materia de seguridad. Sin embargo, al cierre de la información no se habían registrado reacciones inmediatas de las personas sancionadas ni del Gobierno colombiano.
En Bolivia, las restricciones de septiembre y octubre configuran una presión sostenida de Washington sobre funcionarios y exfuncionarios de distintas áreas estatales. La revocación de visas no equivale por sí misma a una condena penal ni demuestra automáticamente la culpabilidad de los afectados, pero constituye una medida diplomática que puede tener consecuencias políticas y personales, especialmente para quienes mantienen vínculos con organismos internacionales o tienen intereses en Estados Unidos.
Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, Trump convirtió la lucha contra el narcotráfico en una prioridad de su política exterior hacia América Latina. Estados Unidos mantiene una relación estratégica con Colombia en la lucha contra la producción y el tráfico de cocaína, además de ser su principal destino de exportaciones. En el caso boliviano, las sanciones reflejan una creciente disposición de Washington a utilizar restricciones migratorias para presionar a sectores del aparato estatal señalados por presunta corrupción o connivencia con organizaciones criminales.
La ofensiva plantea un desafío para ambos países: demostrar que las investigaciones contra funcionarios sospechosos avanzan con independencia, pruebas y garantías judiciales, sin convertir las acusaciones en condenas anticipadas. Para Bolivia, donde ya se han adoptado medidas contra autoridades del sistema judicial, el impacto dependerá de que las investigaciones nacionales permitan establecer responsabilidades y desarticular las redes criminales, en lugar de limitarse a sanciones diplomáticas o declaraciones oficiales.
