La Gobernación de Santa Cruz anunció acciones penales contra los presuntos responsables de la retención ilegal de funcionarios públicos en el municipio de Urubichá, provincia Guarayos, luego de que los servidores fueran liberados durante la madrugada del 23 de octubre, sin registrar lesiones físicas, según informó el director departamental de Seguridad Ciudadana, Jorge Santistevan.
El grupo estaba integrado por funcionarios de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), trabajadores de la Gobernación y un efectivo de la Policía Boliviana, quienes permanecieron retenidos e incomunicados mientras cumplían labores de inspección en la Unidad de Conservación del Patrimonio Natural (UCPN) Ríos Blanco y Negro.
Santistevan confirmó que se activarán acciones penales contra los presuntos cabecillas de la retención, a quienes acusó de obstaculizar las labores de fiscalización y estar vinculados a hechos de avasallamiento y extorsión. La institución departamental prevé presentar las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público por los posibles delitos de secuestro, privación de libertad y avasallamiento.
Por su parte, la gobernadora en suplencia, Paola Aguirre, informó que la Gobernación presentó una denuncia para que se investigue lo ocurrido y se identifique a los responsables. La autoridad pidió al Ministerio Público actuar con agilidad y transparencia, y advirtió que la liberación de los funcionarios no elimina la necesidad de esclarecer los hechos.
“Ante el conocimiento de la denuncia presentada, estas personas fueron liberadas; pero eso no significa que el delito no se haya consumado”, manifestó Aguirre, al señalar que existen denuncias sobre organizaciones que trafican con tierras e intentan amedrentar a los equipos encargados de realizar inspecciones.
Inspección en un área protegida
El incidente ocurrió durante una intervención iniciada el 21 de octubre, cuando un equipo técnico conformado por personal de la Gobernación, la Subgobernación de Guarayos y la ABT se trasladó hasta la zona para verificar presuntos asentamientos irregulares, apertura de caminos y otras actividades dentro del área protegida.
La inspección buscaba establecer posibles afectaciones al patrimonio natural en un sector donde también se denunciaron desmontes, quemas de bosques y contaminación de fuentes de agua, además de reportarse el decomiso de maquinaria durante actuaciones de control en la zona de La Chonta.
Ante estos antecedentes, Aguirre aseguró que la Gobernación no suspenderá las tareas de fiscalización y anunció que los próximos operativos se realizarán con el apoyo de la Policía Boliviana para resguardar la integridad de los funcionarios y garantizar el cumplimiento de sus labores.
La autoridad sostuvo que las inspecciones continuarán para combatir las actividades ilegales que amenazan los recursos naturales del departamento, incluida la presunta explotación ilegal de oro.
Niegan culpabilidad
Las autoridades del municipio de Urubichá negaron su participación en la retención de los funcionarios y pidieron a la Gobernación dar los nombres de los supuestos autores del hecho denunciado.
