Hay que aplaudir, sin complejos ni falsas poses patrióticas, la limpieza de la narcopolítica boliviana que está ejecutando Estados Unidos. Cuando las instituciones nacionales no tienen la voluntad o la capacidad de extirpar sus propios tumores, la cooperación internacional es más que bienvenida. Después de más de dos décadas de tolerancia, encubrimiento y convivencia entre el poder y el delito, Bolivia necesita que alguien empiece a tirar del hilo.
La primera oleada de restricciones de visas
puso en el centro del escándalo a Róger Mariaca, ex fiscal general del Estado,
detenido y procesado por delitos de legitimación de ganancias ilícitas y
organización criminal.
En una segunda arremetida, Estados Unidos
anunció nuevas restricciones de visas e identificó públicamente a 15
ciudadanos, entre ellos el exfiscal general Juan Lanchipa, dos diputados,
jueces, fiscales y funcionarios vinculados a distintas instituciones.
Lo más alentador es que esta vez empiezan a
moverse algunas instituciones nacionales. Desde la Fiscalía se anunciaron
desvinculaciones de funcionarios de anteriores gestiones; en el ámbito judicial
se reclamaron renuncias y uno de los señalados, Aldo Quezada, dejó la
presidencia del Tribunal de Justicia de Santa Cruz. Son reacciones necesarias,
aunque todavía insuficientes. La depuración no puede reducirse a sacrificar
algunas cabezas para preservar intacto el resto del organismo.
Tampoco se ha escuchado el coro de patrioteros
que ante cualquier cooperación extranjera invoca la soberanía nacional como
escudo de impunidad. La soberanía no consiste en garantizar que los poderosos
permanezcan intocables, sino en tener instituciones capaces de proteger a los
ciudadanos, administrar justicia y perseguir el crimen, incluso cuando los
sospechosos visten toga, uniforme o traje parlamentario.
La ciudadanía puede recibir con satisfacción
que Washington presione allí donde la política boliviana ha demostrado su
incapacidad y connivencia. Esa presión debe traducirse en investigaciones
nacionales serias, pruebas verificables, procesos transparentes y sanciones
cuando corresponda. Ni condenas por comunicado ni impunidad por privilegio.
Después de tantos años de deterioro
institucional, Bolivia no necesita discursos sobre la dignidad nacional
pronunciados por quienes jamás hicieron lo suficiente para defenderla. Necesita
fiscales independientes, jueces probos, legisladores decentes y policías que
combatan al narcotráfico en lugar de facilitarle el camino.
Que Estados Unidos siga investigando, que
Bolivia investigue por su cuenta y que la justicia llegue hasta donde conduzcan
las pruebas. Que no quede títere sin bonete, pero tampoco culpable sin juicio
ni inocente sin defensa. La limpieza que el país necesita será auténtica cuando
nadie, absolutamente nadie, esté por encima de la ley.
La ciudadanía puede recibir con satisfacción que Washington presione allí donde la política boliviana ha demostrado su incapacidad y connivencia. Esa presión debe traducirse en investigaciones nacionales serias, pruebas verificables, procesos transparentes y sanciones cuando corresponda. Ni condenas por comunicado ni impunidad por privilegio.
