La representante en Bolivia de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), Mónica Mendoza, afirmó que el país se convirtió en los últimos años en un centro de operaciones para carteles de droga extranjeros. Denunció la presencia de organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de México; el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV), de Brasil; además de grupos criminales de Perú y Colombia. Estas organizaciones han logrado infiltrarse en las diferentes instituciones del Estado. Y como el Estado no ha tenido la capacidad de autodepurarse y combatir eficientemente el crimen, tiene que pedir apoyo no solo de los países vecinos, sino también de los EE.UU. y la propia Organización de las Naciones Unidas.
A propósito de este tipo de apoyo, el 12 de
diciembre de 2006 la ONU y el Estado de Guatemala, conformaron una Comisión
especial para combatir la impunidad y la corrupción en ese país. Este acuerdo
internacional, sin precedentes en la historia latinoamericana, y que se
popularizó como la CICIG, permitió apoyar al Ministerio Público, a la Policía
Nacional y a otras instituciones del Estado en la investigación de la
delincuencia organizada, y la corrupción pública.
El trabajo de la comisión estaba centrado
en la persecución de casos delictivos complejos tanto por la naturaleza de los
hechos criminales como por las personas involucradas. Logró fortalecer a las
instituciones del sector justicia para que puedan continuar enfrentando a la
delincuencia de “cuello blanco y corbata”. Una de estas investigaciones
permitió la detención y posterior condena del ex presidente Álvaro Colón y
varios de sus colaboradores por hechos de corrupción.
Según el acuerdo, la CICIG tenía tres
objetivos principales:
Investigar la existencia de cuerpos
ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad que cometían delitos
que afectaban a los derechos humanos fundamentales de los ciudadanos de
Guatemala, e identificar las estructuras de estos grupos ilegales (incluyendo sus
vínculos con funcionarios del Estado), actividades, modalidades de operación y
fuentes de financiación.
Colaborar con el Estado en la
desarticulación de los aparatos clandestinos de seguridad y promover la
investigación, persecución penal y sanción de los delitos cometidos por sus
integrantes;
Hacer recomendaciones a Guatemala para la
adopción de políticas públicas destinadas a erradicar los aparatos clandestinos
y cuerpos ilegales de seguridad, incluyendo las reformas jurídicas e
institucionales necesarias para este fin.
Se trataba de un trabajo combinado entre la
persecución penal y el asesoramiento técnico a los organismos estatales
encargados de la represión estatal. La Comisión estaba facultada para hacer
también las denuncias contra los funcionarios públicos o particulares, que
hayan pretendido obstaculizar el cumplimiento del mandato de la CICIG. Los
investigadores podían convertirse en terceros interesados en los procedimientos
disciplinarios iniciados contra los funcionarios públicos. Y estaban además
facultados para garantizar la confidencialidad de las personas que colaboraban
en las investigaciones llevadas a cabo, ya sea en calidad de testigos, peritos
o colaboradores, así como promover su protección ante las autoridades
correspondientes.
La Organización de las Naciones Unidas no sólo hacía el seguimiento, y apoyaba con expertos internacionales en diferentes áreas, sino que canalizaba recursos económicos y logísticos para el funcionamiento de la CICG. En los 12 años que trabajó la comisión, permitió no sólo el esclarecimiento de hechos complejos y la sanción de muchos “intocables” y altos jerarcas de diferentes gobiernos, sino también hacer un conjunto de reformas legales, e institucionales, que estaban disponibles para seguir luchando contra la corrupción y la impunidad en Guatemala.
El modelo del trabajo excepcional de Guatemala debe replicarse en Bolivia, ante la incapacidad del Estado y el nivel de propagación del virus de la corrupción e impunidad existente. El apoyo internacional parece imprescindible, ya que el Estado ha sido desinstitucionalizado, luce débil y prostituido y las instituciones encargadas de la persecución y sanción penal ─poder judicial, ministerio público, policía, sistema carcelario─, no tienen independencia, presupuesto, credibilidad, ni las condiciones mínimas para restituir la dignidad nacional.
En realidad, nadie en su sano juicio
debería oponerse a combatir la corrupción y terminar con la impunidad en
Bolivia, que existe desde siempre. Por cierto, sería una oportunidad
excepcional para conocer quién es quién y de qué lado está. Nada alimenta tanto
a la delincuencia y la corrupción como la impunidad.
*Jurista
y autor de varios libros.
