El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, acusó este lunes a sectores de la oposición, principalmente al correísmo, de financiar sus campañas electorales con dinero del narcotráfico y del crimen organizado. Durante una entrevista con Radio Sucre, afirmó que existen supuestos vínculos entre el expresidente Rafael Correa (2007-2017) y bandas criminales como Los Lobos y Los Choneros, aunque no presentó pruebas adicionales que respaldaran públicamente sus declaraciones.
Noboa sostuvo que se habrían producido operaciones de lavado de activos en campañas electorales anteriores, incluida la de 2023. Según el mandatario, las investigaciones han identificado posibles conexiones entre la criminalidad y dirigentes de al menos tres partidos políticos, por lo que aseguró que el problema no estaría limitado a una sola organización.
Las declaraciones se producen después de que la excandidata presidencial Luisa González, principal figura opositora y dirigente de la Revolución Ciudadana, ingresara en prisión preventiva por orden judicial. La medida está relacionada con el denominado caso Laberinto, que investiga un presunto lavado de dinero durante la campaña electoral de 2023.
González fue detenida durante la madrugada del jueves en el marco de las pesquisas de la Fiscalía sobre el financiamiento y manejo de fondos de su primera campaña presidencial. La dirigente, que perdió las elecciones de 2023 y 2025 frente a Noboa, permanece recluida en una cárcel de la ciudad andina de Riobamba.
El presidente afirmó que existen indicios que justificarían investigar la posible participación de González en el caso, pero reconoció que todavía deben desarrollarse las etapas correspondientes del proceso judicial. También rechazó que las actuaciones respondan a una persecución ideológica y aseguró que su Gobierno no distingue entre izquierda y derecha cuando se trata de combatir la criminalidad.
Las investigaciones de la Fiscalía buscan determinar si la campaña electoral de 2023 del correísmo recibió dinero en efectivo procedente de Venezuela. Las pesquisas comenzaron con el caso Caja Chica y se ampliaron con el caso Laberinto, que también examina si se utilizaron fondos de una empresa vinculada al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, quien enfrenta procesos judiciales por presuntas irregularidades en la comercialización de combustibles.
La situación judicial también tiene consecuencias políticas para la Revolución Ciudadana, el partido de Correa. A petición de la Fiscalía, la organización fue suspendida e impedida de participar bajo su sigla en las elecciones locales previstas para el 29 de noviembre, en las que aspiraba a conservar prefecturas y alcaldías de ciudades importantes como Quito y Guayaquil.
El caso profundiza la confrontación entre el Gobierno de Noboa y el correísmo, en un escenario marcado por la inseguridad y las acusaciones de vínculos entre la política y el crimen organizado. Las denuncias presidenciales deberán distinguirse de los hechos que puedan establecerse judicialmente: las investigaciones continúan y la responsabilidad de los implicados tendrá que determinarse mediante el debido proceso.
