Las cámaras de Comercio Industrias y Exportadores presentaron al Gobierno un proyecto de Ley de Promoción y Protección de las Inversiones, que propone candados legal y económico frente a las expropiaciones.
El proyecto plantea que las expropiaciones solo se puedan realizar cuando se apruebe una ley que declare causa de utilidad pública, se cumpla el debido proceso y el pago previo de una indemnización antes de que el Estado tome posesión del bien.
El proyecto contempla que, si el Estado no efectúa el pago correspondiente dentro de 120 días, la expropiación quede sin efecto, explicó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Eduardo Olivo
La propuesta, trabajada conjuntamente por las tres organizaciones empresariales, busca establecer condiciones para incentivar la inversión nacional y extranjera, brindar seguridad jurídica a los inversionistas y contribuir a la recuperación económica del país.
La iniciativa también plantea que los inversionistas puedan transferir sus utilidades una vez cumplidas sus obligaciones con el país, además de establecer igualdad de derechos y obligaciones para el capital nacional y extranjero.
Durante la presentación, Olivo señaló que Bolivia recibió 620 millones de dólares de inversión extranjera durante la gestión pasada, de los cuales, según sus datos, tres de cada cuatro dólares correspondieron a utilidades de empresas ya instaladas en el país que fueron reinvertidas, mientras que apenas dos de cada 100 dólares representaron nuevas inversiones.
A juicio del representante empresarial, esta situación refleja las dificultades del país para atraer nuevos emprendimientos y la necesidad de establecer reglas claras y previsibles para el capital privado.
Incentivos
El proyecto contempla como medidas principales: la publicación de los requisitos, plazos y costos de los trámites en un portal único; la igualdad de trato entre inversionistas nacionales y extranjeros; la protección de la propiedad y la transferencia de utilidades; y un incentivo tributario para la adquisición de maquinaria y equipos nuevos destinados a la producción.
Sobre este último punto, Olivo indicó que la propuesta establece el ingreso de maquinaria y equipos nuevos sin arancel ni Impuesto al Valor Agregado (IVA). Para las compras realizadas en el mercado nacional, plantea la devolución del IVA en un plazo de 30 días, sin establecer un monto mínimo de inversión.
El dirigente sostuvo que el beneficio alcanzaría tanto a grandes industrias como a pequeños emprendimientos, incluidos talleres que buscan adquirir su primera máquina. Según explicó, el objetivo es reducir los costos de inversión productiva y evitar que requisitos administrativos no publicados alteren las condiciones para desarrollar una actividad económica.
Olivo afirmó que el documento fue elaborado con especialistas, abogados y legisladores de distintas bancadas. Añadió que el proyecto tiene menos de 14 artículos, no requiere una reforma constitucional y no interviene de manera específica en los sectores de minería e hidrocarburos, por lo que consideró viable su aprobación sin mayores demoras.
Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de Industrias, Gonzalo Morales, sostuvo que la aprobación de la norma es fundamental para recuperar la economía boliviana y fortalecer la capacidad del país para atraer inversiones.
El presidente de la CNI advirtió que, sin un marco normativo que ofrezca mayor seguridad a los inversionistas, los capitales extranjeros pueden optar por otros destinos. También planteó la necesidad de avanzar en la aprobación de nuevas leyes para los sectores minero, eléctrico e hidrocarburífero, además de actualizar la Ley General del Trabajo y el Código de Comercio.
A su turno, el presidente de la Cámara de Exportadores, Oswaldo Barriga, destacó la previsibilidad de las reglas como una condición para que las empresas exportadoras puedan planificar inversiones, financiar proyectos y competir en mercados internacionales.
Entre los mecanismos previstos en el proyecto mencionó la posibilidad de que las inversiones de mayor magnitud suscriban contratos de estabilidad de hasta 15 años sobre reglas tributarias y cambiarias.
Barriga también resaltó la importancia de contar con garantías claras para la transferencia de divisas, de modo que los inversionistas puedan movilizar sus recursos una vez cumplidas las normas y obligaciones nacionales.
Los tres representantes coincidieron en solicitar al Ministerio de Economía y al Gobierno nacional que impulsen la propuesta sin postergaciones y la remitan a la Asamblea Legislativa para su consideración.
