Legisladores de diferentes fuerzas políticas exigen al Ministerio Público que esclarezca el contenido y la autenticidad de las grabaciones de conversaciones atribuidas al exasesor presidencial Fernando Cerimedo y varias autoridades del gobierno y de la Policía entre otros.
La diputada de AP Claudia Herbas cuestionó la falta de avances y pidió explicaciones al fiscal general interino José Armando Urioste. “Aquí lo que necesitamos son respuestas”, declaró y exigió que el Ministerio Público investigue las denuncias relacionadas con posibles hechos de corrupción, y vulneraciones de derechos humanos.
Herbas sostuvo que la mayoría de las grabaciones, sino todas, no habrían sido modificadas mediante inteligencia artificial, como –según dijo– pretenden sostener algunas personas involucradas. “Yo entiendo que lo haya puesto el presidente, pero haga su trabajo”, manifestó la legisladora, dirigiéndose a Urioste. Además, anunció que corresponde solicitar un informe escrito al fiscal general interino sobre las actuaciones realizadas en torno a las grabaciones.
La diputada de Unidad Nacional Khaline Moreno consideró necesario que las autoridades determinen primero si las grabaciones son auténticas, falsas o si fueron alteradas con inteligencia artificial. “Estamos solicitando que se haga la verificación de la veracidad o no de estos audios”, señaló, y explicó que, una vez que se conozca los resultados de las investigaciones, los legisladores podrán emitir criterios con mayor seguridad sobre el contenido y sus posibles implicaciones.
Por su parte, la diputada del PDC Catherine Pinto cuestionó la manera en que se difundieron las grabaciones y advirtió que su divulgación podría complicar futuras actuaciones judiciales si se compromete la legalidad de la obtención de las pruebas. “Las pruebas tienen que ser obtenidas de forma lícita para un proceso judicial”, afirmó, e instó a quienes tengan información relevante a presentarla por los canales correspondientes. A su juicio, la difusión de los audios podría responder a una estrategia mediática destinada a afectar al gobierno y obstaculizar el esclarecimiento de los hechos.
El diputado de Unidad Álvaro Casazola, en tanto, sostuvo que el fiscal general interino debe actuar con independencia y sin responder a los intereses del Ejecutivo. “Este fiscal interino no tiene que estar acorde a las decisiones del gobierno; tiene que trabajar por todos los casos y transparentar la información”, manifestó.
Casazola pidió profundizar las investigaciones relacionadas con Cerimedo, Marset y el exfiscal general Roger Mariaca. También reclamó que se establezca si existen autoridades del Ejecutivo u otros funcionarios implicados y que, de comprobarse responsabilidades, se apliquen las sanciones correspondientes.
El legislador cuestionó, además, que todavía no se haya aclarado públicamente la autenticidad de las grabaciones y consideró que las denuncias deben estar respaldadas por documentación y verificaciones que permitan conocer la verdad de los hechos.
Los audios
Inicialmente se conocieron siete audios difundidos por el vicepresidente Edmand Lara y posteriormente aparecieron otros cuatro en redes sociales.
La primera grabación, difundida el 31 de agosto, fue atribuida a una conversación entre Cerimedo y la primera dama, María Elena Urquidi, sobre cambios en la Policía. El segundo audio, presentado el 2 de septiembre, correspondía presuntamente a una charla entre Cerimedo y el presidente Rodrigo Paz sobre la posibilidad de aplicar un estado de excepción durante los bloqueos.
El tercer material, divulgado el 8 de septiembre, fue atribuido a una conversación entre Cerimedo y el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, sobre los conflictos en San Julián. Según la descripción publicada por Brújula Digital, en el diálogo se habría planteado cortar servicios básicos para reducir la capacidad de movilización de la población.
El cuarto audio, difundido el 18 de septiembre, fue atribuido a Cerimedo y al entonces director de Inteligencia de la Policía, Erick Correa. En la conversación se habría solicitado la intervención del exasesor presidencial ante el Segip para obtener identidades falsas para policías.
El quinto material, publicado el 28 de septiembre, fue atribuido a Cerimedo y Yalitza Abularach Parada, y abordaba presuntamente asuntos relacionados con el narcotráfico y operaciones de avionetas cargadas con droga. Un día después se conoció el sexto audio, supuestamente protagonizado por Cerimedo y el exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) Franz Cabrera, en el que se habría hablado de armar casos contra dos abogados.
El séptimo audio, difundido por Lara el 5 de octubre, fue atribuido a Cerimedo y al entonces fiscal general Roger Mariaca. En la conversación se coordinaría un encuentro en Santa Cruz y se mencionaría a una tercera persona identificada únicamente como “M”, cuya identidad fue objeto de especulaciones.
Los cuatro audios siguientes aparecieron en redes sociales. El octavo, atribuido a Cerimedo y al diputado Alejandro Reyes, derivó en la expulsión de este último de Unidad Nacional, después de que la grabación generara cuestionamientos sobre su presunta participación en decisiones gubernamentales. Reyes reconoció haber conversado con Cerimedo, pero sostuvo que el audio había sido manipulado.
El noveno material, difundido el 16 de octubre, fue atribuido a Cerimedo y al ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora. La conversación abordaría un supuesto operativo para detener al expresidente Evo Morales y mencionaría requerimientos de dinero para adquirir equipos de rastreo. Zamora negó la autenticidad de la grabación.
El décimo audio, difundido el 17 de octubre, fue atribuido a Cerimedo y al empresario y dirigente político Samuel Doria Medina. El diálogo giraría en torno a opiniones y posibles acciones relacionadas con el senador suplente Nilton Condori. Doria Medina también negó la veracidad del material y pidió verificaciones técnicas.
El decimoprimer audio se conoció el 26 de octubre y fue atribuido nuevamente a Cerimedo y a María Elena Urquidi. La conversación estaría relacionada con presuntas disputas por contratos de hidrocarburos. Su difusión amplió los cuestionamientos sobre las posibles relaciones del exasesor con personas del entorno gubernamental.
