Después de que el Gobierno autorizó por decreto las importaciones de gas natural para consumo propio o generación eléctrica, analistas han coincidido que el potencial energético de Bolivia no ha sido aprovechado debido al modelo que se implementó durante dos décadas del Gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) y que ahora puede conllevar a una situación de déficit energético con impacto a la industria y población.
“De corazón energético exportador a corazón energético importador”, ironizó el analista y exministro Álvaro Ríos en ERBOL, en referencia a los anuncios que se hicieron en el Gobierno de Evo Morales de hacer de Bolivia el “corazón energético” de Sudamérica, pero que en la realidad desembocó en una situación de déficit energético por la falta de inversión.
Ríos sostuvo que el problema de fondo radica en la falta de reposición de las reservas de gas natural consumidas durante los últimos años, debido a la ausencia de inversiones suficientes en exploración. A su juicio, el modelo estatista impulsado por el MAS trasladó a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) la responsabilidad de desarrollar nuevos proyectos, sin que la estatal consiguiera resultados capaces de compensar la declinación de los campos productores.
“Se han usado casi 13 millones de pies cúbicos de reservas de gas que fueron descubiertas hace mucho tiempo atrás”, afirmó Ríos, al explicar que esos recursos permitieron sostener las exportaciones y el consumo interno, pero no fueron reemplazados mediante nuevos descubrimientos.
El exministro advirtió que Bolivia podría comenzar a importar gas natural a partir de 2029, cuando la oferta nacional resulte insuficiente para cubrir la demanda. Aclaró que ese escenario no significa que el país se quedará sin gas de manera absoluta, sino que la producción interna ya no alcanzaría para atender todos los requerimientos del mercado.
La situación, agregó, se agrava por el incremento de la demanda de gas natural para el transporte, la industria y la generación eléctrica. Según Ríos, alrededor del 70% de la electricidad que produce Bolivia depende de este energético, por lo que una reducción de la oferta podría obligar a priorizar el suministro y aplicar restricciones a determinados consumidores.
En ese contexto, consideró que las industrias podrían ser las primeras afectadas por eventuales recortes, debido a la necesidad de mantener el suministro a las termoeléctricas y garantizar la generación de electricidad. Por ello, sostuvo que la posibilidad de importar gas directamente constituye una alternativa para que las empresas aseguren su abastecimiento, aunque a precios superiores a los que actualmente pagan por el combustible producido en el país.
“Matamos a la gallina de los huevos de oro”
El economista y analista Gonzalo Chávez consideró que la autorización para importar gas consolida el “fracaso” de la política hidrocarburífera del MAS. Recordó que hace dos décadas el país era considerado un potencial centro regional de distribución de gas, con perspectivas de abastecer a Brasil y Argentina e incluso canalizar recursos energéticos de otros países.
“Matamos a la gallina de los huevos de oro”, afirmó Chávez, al sostener que el gas no solo posicionaba a Bolivia en el mercado energético regional, sino que también constituía una fuente fundamental de ingresos fiscales y recursos para la inversión pública.
El analista explicó que aproximadamente la mitad de los recursos con los que contaba el Tesoro General del Estado provenía del sector gasífero, por lo que la caída de la producción y de las exportaciones tiene consecuencias que trascienden al ámbito energético y afectan a las finanzas públicas.
A ello se suma el costo de las importaciones. Chávez advirtió que el gas adquirido en el mercado internacional puede tener precios considerablemente superiores a los del combustible producido en Bolivia y destinado a la generación eléctrica.
Mientras el gas nacional se comercializa al sector eléctrico a aproximadamente 1,30 dólares por millar de unidades térmicas británicas (BTU), el combustible importado podría alcanzar entre seis y ocho dólares por la misma unidad, de acuerdo con sus estimaciones.
Esta diferencia, sostuvo, plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de los subsidios y sobre quién asumirá el costo adicional del abastecimiento energético. Si el Estado no puede cubrir esa brecha, podrían producirse ajustes que repercutan en las tarifas eléctricas y en los costos de producción de las empresas.
“La energía es el centro del desarrollo económico”, afirmó, al advertir que una provisión insuficiente o más costosa de gas afecta directamente al funcionamiento de las empresas, el transporte, el comercio y los hogares.
En su criterio, el deterioro del sector hidrocarburífero también refleja la ausencia de una política económica integral y de largo plazo. Cuestionó la adopción de medidas aisladas y sostuvo que el país necesita reglas claras para atraer inversiones, recuperar la confianza y definir una estrategia de crecimiento.
“Necesitamos que perforen”
Por su parte, el analista Julio Alvarado coincidió en que los 20 años del modelo del MAS han dejado al país sin gas. Para el futuro, afirmó que Bolivia debe actuar en dos frentes: recuperar la producción de los campos existentes que no están siendo explotados plenamente y generar las condiciones para atraer inversiones destinadas a la exploración y perforación de nuevos pozos.
Alvarado atribuyó parte de las dificultades a la Ley de Hidrocarburos de 2005, la cual considera que se debe modificar para mejorar las condiciones ofrecidas a los inversionistas. Sostuvo que la recuperación de la producción no será inmediata y que el país deberá recurrir a las importaciones mientras se desarrollan nuevos proyectos.
“Lo que nosotros no necesitamos son discursos ni declaraciones. Lo que necesitamos es que vayan, que perforen y que nos digan: ‘Aquí hay gas’”, manifestó.
El analista señaló que la exploración implica inversiones millonarias y riesgos elevados, debido a que la perforación de un pozo puede costar alrededor de 100 millones de dólares sin garantizar el hallazgo de hidrocarburos. Según su estimación, sería necesario perforar varios pozos para aumentar las probabilidades de obtener resultados positivos, lo que elevaría considerablemente los recursos requeridos.
Alvarado consideró que el Estado boliviano y YPFB no cuentan con la capacidad financiera suficiente para asumir por sí solos ese esfuerzo, por lo que planteó la necesidad de atraer capital internacional mediante cambios normativos y condiciones que hagan viable la inversión privada.
