En Bolivia confundimos solidaridad con despilfarro y bienestar con populismo. Llamamos subsidio a lo que termina siendo un suicidio económico y, al mismo tiempo, una tortura para los ciudadanos, que pagan las consecuencias de un sistema que promete productos baratos, pero termina provocando escasez, mercados negros, corrupción y un mayor costo de vida.
El Estado se presenta como un benefactor que
regala combustible, harina y otros productos, mientras oculta una verdad
elemental: el Estado no tiene dinero propio. Administra los recursos que les
quita a los ciudadanos mediante impuestos, deuda y otras obligaciones. El
subsidio sale del bolsillo de la gente.
El diésel fue el ejemplo más evidente. Durante
años se mantuvieron precios artificialmente bajos con el argumento de proteger
la economía popular. Sin embargo, esa política alimentó el contrabando y un
drenaje de divisas que Bolivia ya no podía sostener. Cuando el combustible
subvencionado cruza la frontera y se vende en Perú, Brasil o Argentina, los
bolivianos terminamos financiando el consumo de nuestros vecinos. Lo mismo
ocurre con el gas licuado que se desvía a países vecinos. Mientras aquí
escasean las garrafas y las familias pierden tiempo buscándolas, los recursos
públicos sostienen un sistema incapaz de garantizar el abastecimiento nacional.
El subsidio esconde una paradoja cruel: el
ciudadano paga para recibir un producto que no encuentra. Y, cuando lo
encuentra, debe soportar filas, incertidumbre y dificultades cotidianas. ¿Qué
sentido tiene subvencionar un producto si el resultado es que escasea, se
contrabandea o termina beneficiando a personas que no pagan los impuestos que
financian esa subvención?
El pan ofrece otro ejemplo de esta absurda
política económica. El Gobierno insiste en mantener su precio artificialmente
bajo mediante la subvención de la harina, pero el precio del pan también sube y
el abastecimiento no está garantizado. En La Paz, donde se intentó mantener el
precio de la unidad en Bs 0,80, algunos vendedores llegaron a cobrar Bs 1, mientras
los panificadores plantearon incrementos mayores. Si el precio controlado
supuestamente protege al consumidor, ¿por qué no consigue evitar las subidas ni
los conflictos por el abastecimiento?
La subvención a la harina cuesta más de Bs
1.000 millones anuales. EMAPA compra la bolsa de 50 kilos a Bs 500 y la entrega
a Bs 109 a dirigentes de los panificadores, que hacen pingües negocios con ese
«gran favor» estatal. Además, el subsidio no llega a todo el país. Santa Cruz
jamás obtiene ese beneficio y, curiosamente, en esta región no existen los
dramas en torno al pan que se viven en otros distritos.
Bolivia debe revisar todas sus subvenciones,
desde los carburantes hasta la harina, y evaluar alternativas eficientes. No
tiene sentido mantener precios artificiales mientras faltan dólares, escasean
los productos y se deterioran las finanzas públicas.
El Estado no es generoso cuando reparte dinero
ajeno. Mucho menos cuando utiliza ese dinero para sostener un sistema que
perjudica a quienes dice proteger. Bolivia no puede seguir eligiendo el
suicidio.
El Estado no es generoso cuando reparte dinero ajeno. Mucho menos cuando utiliza ese dinero para sostener un sistema que perjudica a quienes dice proteger. Bolivia no puede seguir eligiendo el suicidio.
