Cuando la democracia interna se confunde con el derecho a mandar, es momento de preocuparse. Al parecer, las viejas prácticas políticas desaparecieron de los discursos, pero jamás de las costumbres. Prometieron cambiar la política, pero se olvidaron de cambiar ellos mismos. Hay políticos que hablan tanto de democracia, institucionalidad y respeto a las leyes que uno termina preguntándose si esos principios también se aplican cuando las decisiones no les favorecen.
Eso es precisamente lo que ocurre con Jorge
Tuto Quiroga y su particular interpretación de lo que significa ser presidente
de LIBRE. Porque, aunque parezca una broma de nuestra absurda democracia,
resulta que tenemos dos LIBRE: una alianza que participó en las elecciones de
2025 y un partido que obtuvo su personalidad jurídica después. Ambos con el
mismo nombre, el mismo protagonista y distintas interpretaciones sobre quién
tiene derecho a mandar.
¡Qué maravilla! En Bolivia, hasta la libertad
parece necesitar un dueño. Pero esta vez no son sus adversarios quienes ponen
las contradicciones sobre la mesa. Es el propio Tribunal Supremo Electoral que,
mediante la nota TSE-SC-EXT N.º 0907/2026, del 14 de octubre, establece una
diferencia que algunos parecen empeñados en ignorar. Tuto Quiroga es presidente
del Partido Libertad y República (LIBRE), pero eso no significa que pueda
disponer unilateralmente de la Alianza Libertad y Democracia (LIBRE), aquella
que participó en las elecciones de 2025. Más claro, agua.
El TSE recuerda que las decisiones del Comité
Ejecutivo Nacional de la Alianza deben seguir los procedimientos establecidos
en su documento regulador y que las convocatorias requieren la aprobación de al
menos cinco de sus nueve integrantes. También señala que su presidente no tiene
atribuciones para convocar reuniones por decisión propia. Finalmente, concluye
que la convocatoria sometida a consulta no surte efectos legales. ¡Vaya manera
de recordar que una alianza política no es una propiedad privada!
Lo curioso es que, mientras se discute quién
puede representar legítimamente a la Alianza, algunos dirigentes se dedican a
denunciar transfugios, amenazar con procesos disciplinarios y repartir
certificados de lealtad política. ¿Desde cuándo discrepar con un dirigente
significa traicionar a los electores? ¿La lealtad se debe a una persona, a un
partido, a una alianza o a los ciudadanos que votaron? Sería interesante que
quienes hoy levantan el dedo acusador explicaran también sus propias
trayectorias políticas y sus alianzas de conveniencia.
No todo cambio de militancia constituye
transfugio, naturalmente. Pero tampoco toda discrepancia parlamentaria puede
convertirse en una traición por decreto del jefe. La moral política debería
comenzar por la coherencia de quienes la predican.
Y aquí aparece otro asunto que merece una
explicación: Santa Cruz. El departamento que tuvo un peso decisivo en el
respaldo electoral a Quiroga y aportó 13 de los 39 diputados de LIBRE aparece
sin una representación territorial cruceña claramente identificable en la
directiva nacional de doce miembros registrada por el TSE para el nuevo
partido. ¡Extraordinaria manera de agradecer el respaldo político! Santa Cruz
pone votos, aporta parlamentarios y contribuye a construir liderazgos, pero
después tiene que preguntarse qué lugar ocupa en las decisiones. No se trata de
exigir privilegios regionales ni de convertir un partido nacional en una
repartición departamental. Se trata de algo mucho más sencillo:
representatividad, equilibrio y respeto al peso político de quienes hicieron
posible el resultado electoral.
Y aquí cabe una reflexión dirigida a Juan
Pablo Velasco. JP, usted tiene una responsabilidad con Santa Cruz que va mucho
más allá de acompañar actos partidarios, aparecer en fotografías o respaldar
las decisiones de un dirigente nacional. Su liderazgo merece tener voz propia.
Hágase respetar, JP. Ser leal a un proyecto político no significa renunciar al
criterio ni aceptar que los intereses de su departamento queden subordinados a
decisiones ajenas.
Lo preocupante de este episodio es que vuelve
a mostrarnos una vieja costumbre de nuestra política: organizaciones que nacen
hablando de renovación, dirigentes que prometen democracia interna y
estructuras que terminan discutiendo quién tiene la última palabra. Mientras
tanto, los problemas del país esperan. Los ciudadanos que creyeron estar
votando por una alternativa política terminan contemplando una disputa entre
quienes reclaman representar a la Alianza, quienes exigen obediencia al partido
y quienes consideran que la bancada debe resolver sus propias jefaturas.
La controversia jurídica todavía exige
distinguir las atribuciones del TSE de las que corresponden a las cámaras
legislativas. Una convocatoria sin efectos legales no resuelve automáticamente
todas las disputas parlamentarias. Pero deja una enseñanza que no debería pasar
inadvertida. La representación electoral no es un título de propiedad, los
parlamentarios no son patrimonio personal de ningún dirigente y la democracia
interna no puede funcionar solamente cuando confirma la voluntad del
presidente.
Tuto tiene todo el derecho de construir su partido y dirigirlo. Lo que debe explicar es cómo pretende conciliar ese liderazgo con los derechos y procedimientos de la Alianza que lo llevó a las elecciones. Porque resulta bastante irónico que quienes prometieron liberar a Bolivia de las viejas prácticas políticas terminan discutiendo sobre quién tiene derecho a quedarse con la llave de LIBRE. ¡Y pensar que todavía nos quieren convencer de que la política boliviana se está renovando!
