El Gobierno justifica su intención de normalizar las relaciones con Chile con el argumento de que así se logrará un mayor desarrollo.
Antes de la reciente visita del presidente
chileno, José Antonio Kast, el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo,
utilizó el “empleo” para dramatizar los supuestos beneficios económicos de un
acercamiento con Chile. Su mensaje implícito es que intentar conseguir una
salida soberana al mar nos costaría puestos de trabajo. Por consiguiente,
Aramayo parece anteponer el empleo a nuestra reivindicación marítima.
El problema de esta justificación es que las
economías de Bolivia y Chile no son complementarias. Por el contrario, compiten
entre sí. Ambas son principalmente productoras de minerales y productos
agrícolas, e importan la mayor parte de los bienes manufacturados que consumen,
especialmente los de mayor valor agregado.
Esto significa que la normalización de
relaciones no representaría un beneficio económico particularmente grande para
Bolivia, y mucho menos un aumento significativo del empleo.
A cambio de tan poco, se está debilitando
nuestra reivindicación marítima, que ha sido el principal objetivo de la
política exterior boliviana desde que Chile invadió y se apoderó de nuestro
litoral hace 146 años, independientemente del Gobierno de turno.
Afirmar que la normalización de relaciones no
significa renunciar a nuestra reivindicación marítima es un embuste (ver “El
síndrome de Estocolmo en nuestra relación con Chile”, Los Tiempos, 28/03/2026,
y “Los honestos, los ingenuos y los cínicos”, Los Tiempos, 31/05/2026).
Para Chile, la normalización de relaciones
tampoco representa un beneficio económico significativo. Su interés tiene dos
componentes. Primero, resolver problemas internos y coyunturales que son
importantes para su Gobierno, especialmente por sus promesas electorales de
terminar con la falta de control de la frontera con Bolivia, que se traduce en
migración ilegal, criminalidad, contrabando de vehículos robados y tráfico de
sustancias controladas.
Segundo, dar un paso importante hacia su
objetivo de que la reivindicación marítima boliviana sea archivada, ojalá
definitivamente.
Mientras tanto, la actitud de Chile hacia
Bolivia no ha cambiado fundamentalmente. Un ejemplo es el tratamiento del
cargamento de madera boliviana incautado en Arica por estar supuestamente
contaminado con sustancias controladas.
Los informes de expertos contradicen la conclusión
de las autoridades chilenas. Tampoco se encontró droga en cargamentos similares
de madera en Brasil. A esto se suma la quema de la madera incautada en Chile,
que impide comprobar posteriormente si existía contaminación. Estos elementos
permiten cuestionar seriamente la acusación chilena.
Sin embargo, el daño ya está hecho. El
presidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb) reportó
pérdidas superiores a los 50 millones de dólares para el sector. Pero ese es
apenas el perjuicio financiero inmediato. El efecto sobre las exportaciones
futuras podría ser mucho mayor, porque la acusación alimenta las sospechas de
los importadores sobre la posibilidad de que otros productos bolivianos estén
contaminados con droga.
El daño también es reputacional. La falsa
acusación de que la madera boliviana estaba impregnada de grandes cantidades de
droga contribuye a asociar todavía más el nombre de Bolivia con el narcotráfico
y el desprestigio internacional que eso supone.
El Gobierno boliviano justifica la conducta de
Chile —y, en el fondo, su propia inacción— argumentando que la división de
poderes del ordenamiento constitucional chileno impide que el Gobierno de Kast
intervenga en un asunto que corresponde a la Fiscalía de ese país.
Lo que se omite es que el caso también
compromete las relaciones internacionales de Chile, ámbito en el que el
Ejecutivo tiene responsabilidades fundamentales. ¿Hubiera actuado Chile del
mismo modo si el cargamento hubiera sido, por ejemplo, brasileño?
Incluso si se aceptara el argumento de la
división de poderes, el Gobierno chileno pudo haber expresado su pesar por el
perjuicio ocasionado a Bolivia y ofrecido colaboración para esclarecer los
hechos cuando comenzaron a surgir dudas serias sobre la supuesta contaminación
de la madera.
En cambio, optó por dejar que las autoridades
locales de Arica manejaran el caso, incluida la quema de la carga. No hubo una
señal pública de interés por proteger la relación bilateral ni por reparar el
daño causado a Bolivia.
Antes de que aparecieran elementos que
cuestionaban la acusación contra la madera incautada en Arica, el presidente
Rodrigo Paz arremetió contra columnistas que criticaron al Gobierno por sus
resultados en la lucha contra el narcotráfico. Los acusó de actuar por razones
políticas y de perjudicar al país. Más allá de las motivaciones de esas
críticas, lo cierto es que señalaban un problema que sigue afectando gravemente
a Bolivia.
En cambio, cuando el Gobierno chileno no hace
nada para demostrar su interés en esclarecer el caso de las falsas
«narcomaderas» y reparar el daño ocasionado, la administración de Paz tampoco
reacciona con la firmeza que corresponde.
La falta de respuesta ante el perjuicio
causado a Bolivia, sumada a la desidia y al menosprecio que Chile ha demostrado
en este caso, no solo resulta lamentable. Es una actitud vergonzosa y
humillante.
Carlos Guevara Rodríguez - Economista
