En el marco del proceso penal iniciado por la Cooperativa Rural de Electrificación R.L. (CRE) contra 28 cuentas del Condominio Asaí Norte 2 por la comisión del delito “Atentados contra la Seguridad y Funcionamiento de los Servicios Públicos”, el viernes 30 de octubre se realizó un allanamiento al consorcio inmobiliario ubicado en el kilómetro 9 de la carretera al norte.
Durante el procedimiento de investigación se notificó de la denuncia a los infractores encontrados en flagrancia cometiendo hurto de energía eléctrica a través de conexiones clandestinas.
Algunos titulares de las cuentas recibieron citaciones para tomar su declaración. El Artículo 214 del Código Penal Boliviano establece que quien transgreda la seguridad o el trabajo de los distribuidores de agua potable, energía eléctrica u otros— recibirá una pena de privación de libertad de dos a ocho años.
Cabe aclarar que la Cooperativa de los cruceños presentó las querellas el miércoles 21 de octubre ante la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc), de la Comisaría del Distrito Policial 8, tras detectar los ilícitos. La acción legal busca sancionar a los usuarios deshonestos y proteger la seguridad de los consumidores y del sistema eléctrico.
Durante una inspección de rutina, los técnicos revisaron los 254 medidores en el barrio privado. El operativo identificó 41 cuentas con irregularidades. De ese total, 28 titulares enfrentan querellas. El procedimiento también dejó un saldo de tres trabajadores lesionados, pues la manipulación irregular de un puesto de medición provocó la caída de una pilastra sobre los técnicos.
Las inspecciones contra el hurto de energía continuarán durante todo el año, tanto por programación como por denuncias y sospechas. La distribuidora mantiene especial atención en los condominios cerrados, donde los operativos identificaron numerosos casos.
Hoy se hizo inspecciones en el Condominio Asaí Norte 1. La Cooperativa advierte a la población sobre personas que ofrecen supuestos métodos de ahorro mediante redes sociales. Estas prácticas pueden incluir manipulaciones ilegales que exponen a los usuarios a accidentes y sanciones.
De dos a ocho años de cárcel
El artículo 214 del Código Penal boliviano establece penas de dos a ocho años de privación de libertad por el delito de “Atentado contra la Seguridad de los Servicios Públicos”. Además, el titular de la cuenta enfrentará sanciones administrativas, como multas por parte de la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN) y de CRE; sumado a ello, deben pagar la energía consumida que no fue registrada por los medidores.
Más de 1.200 casos flagrantes
En lo que va de 2026, CRE inició más de 1.200 procesos sancionatorios por conexiones antirreglamentarias o manipulación de equipos de medición. Los inspectores también realizaron más de 2.800 verificaciones ante sospechas de hurto de electricidad en el área metropolitana de Santa Cruz de la Sierra. Los operativos en cerca de 50 condominios permitieron iniciar más de 100 procesos a los barrios cerrados durante esta gestión.
Ilícito de graves consecuencias
El hurto de energía pone en riesgo la vida de las personas, provoca daños en electrodomésticos y aumenta el peligro de incendios. Estas prácticas también afectan la calidad del servicio y generan pérdidas económicas para el sistema eléctrico. Por ello, la normativa autoriza únicamente a personal habilitado a intervenir en los medidores. Se puede denunciar de forma anónima cualquier irregularidad a la línea gratuita 176 o al 336 6666.
