Propuesta centralista

El ofrecimiento gubernamental de transferir un escaso 1% de la recaudación de siete impuestos nacionales a las nueve gobernaciones desnuda la faceta más dura del centralismo boliviano. La propuesta de repartir apenas 550 millones de bolivianos entre todos los departamentos constituye una burla a la proclamada Agenda 50/50 y demuestra la negativa categórica del Ejecutivo a ceder poder económico real a las regiones. El reparto fiscal evidencia un esquema asfixiante: el nivel central retiene el 75% de los recursos tributarios, los municipios y autonomías indígenas reciben el 20%, las universidades públicas el 5% y a los gobiernos departamentales pretenden someterlos con esa porción insignificante. Frente al reclamo regional de alcanzar gradualmente un 15% hasta 2031, el centralismo ratifica que no cederá sus privilegios. Exigir transformaciones a esta estructura resulta estéril: su lógica fundacional no es distribuir, sino acaparar.