Esta crisis moral esconde algo más que un simple descaro público. Lo primero que deberíamos establecer como base para elaborar una radiografía de esta profunda crisis de valores y principios en el ejercicio de los cargos públicos y del poder es que una crisis moral es mucho más que una degradación de las buenas costumbres —la decencia, el decoro, la dignidad, la educación cívica y el pudor—. Es el completo extravío de los criterios compartidos que permiten distinguir el bien del mal, lo justo de lo injusto y el interés general del particular. Es destruir el bien común en beneficio del interés personalísimo, en desmedro de la sociedad.
Cuando en una sociedad se deja de compartir ese mínimo
minimorum de una ética común, los vínculos de confianza se debilitan, disminuye
el sentido del deber y el poder tiende a sustituir al servicio como finalidad
de la política pública.
Las consecuencias de este teatro del terror son profundas.
La verdad se relativiza, la mentira deja de escandalizar debido a su
normalización social, la corrupción se banaliza, las instituciones se
convierten en instrumentos de enriquecimiento y la ley corre el riesgo de ser
percibida no como una garantía de justicia, sino como una herramienta al
servicio de quienes gobiernan y detentan el poder.
Ser ético en estos tiempos es sinónimo de imbecilidad e
ingenuidad. El ladrón tiene ahora mayor reconocimiento, y más aún si es hábil y
maniobrero. La gente le celebra su audacia y lo encumbra como una especie de
ídolo barrial. La familia, la educación, la economía y la convivencia cívica
acaban sufriendo los efectos de esta erosión. De hecho, en una sociedad así es
cada vez más difícil cooperar colectivamente, confiar en alguien, asumir
sacrificios compartidos o sostener un proyecto comunitario o vecinal.
El politólogo Theodore Lowi (El presidente personal,
Editorial Fondo de Cultura Económica) define muy bien el escándalo y lo señala
como una «corrupción revelada», no solo por su aparición pública gracias a una
denuncia o una investigación, sino también por su carácter sorpresivo. Por eso,
en tiempos pasados, las corruptelas siempre llevaban implícita la amenaza de
que la revelación de una mala conducta provocaría una reacción pública que, a
su vez, generaría algún tipo de castigo ejemplar. Pero ahora el vínculo entre
revelación y reacción se ha roto. Ya no existe.
Esta reacción de rechazo en cadena era, usualmente, una de
las formas en que se aplicaban las normas y reglas en las democracias. Así se
debía actuar y así se debían respetar las normas. Si el poder del escándalo
desaparece, nos queda un círculo vicioso en el que las irregularidades morales
o legales ya no conllevan sanciones ejemplificadoras. Esto socava la confianza
en el Gobierno y las instituciones públicas, amplía la polarización y permite más
corrupción, abusos y violaciones de la ley. Este ciclo es difícil de romper y
destruye el valor de la rendición de cuentas públicas.
Quizás el epítome de una presidencia profundamente corrupta
sea la de Donald Trump, que ha eclipsado incluso a varios autócratas y mafiosos
de Europa del Este y que, para muchas universidades, será un caso de estudio en
ciencias políticas, historia social y neuropsicopatía.
El serio problema es que no se trata solamente de este
individuo desquiciado, sino de un fenómeno global. Tenemos a un Pedro Sánchez
en España, con una retahíla de actos de corrupción que no han dejado un solo
rasguño en sus ambiciones de poder; a un José Luis Rodríguez Zapatero que
recibió millones de euros de dictadores como Chávez, los Castro y Maduro, y que
sigue campante por las calles.
Otro hallazgo preocupante es que, al menos, se espera que
las noticias sobre irregularidades escandalosas provoquen algún tipo de
indignación entre los votantes. Pero no es así. El MAS es un claro ejemplo de
estas corruptelas brutales. Pese a esos antecedentes, llegó a la presidencia el
masista Arce Catacora, que terminó siendo un ladronzuelo de siete suelas, junto
con sus hijos. Ni qué decir de Jhonny Fernández, cuya gestión edilicia fue,
históricamente, un mar de corrupción.
La razón por la que los políticos se aferran a sus cargos en
lugar de dimitir es que, cada vez más, la polarización los apaña. Las personas
sienten cierta «calidez» social hacia los miembros de su propio bando, pero una
intensa hostilidad hacia sus oponentes. Y esto se traduce en salvavidas para
estos políticos corruptos.
Esta polarización, según los expertos, está destruyendo el
poder del escándalo. Hoy en día, los votantes son menos propensos a indignarse
por lo que hacen los políticos de su propio bando y menos propensos a
abandonarlos si hacerlo pudiera dar ventaja a sus enemigos. Sin la amenaza de
una reacción negativa de los votantes, las élites políticas tienen muy pocos
incentivos para exigir dimisiones, destituciones u otras consecuencias.
En este pasillo de la infamia desfilan Marine Le Pen en
Francia, Nigel Farage en Inglaterra, Bukele en El Salvador, Ortega en
Nicaragua, Cristina Kirchner en Argentina, Evo Morales y su recua de ladrones,
y la mayor truhana de Latinoamérica, Delcy Rodríguez, junto a Diosdado Cabello.
Todos ellos se escudan en una supuesta «caza de brujas» y en una persecución
conspirativa en su contra y contra sus seguidores.
Cuando un país está profundamente dividido, es mucho más fácil para los votantes perdonar las transgresiones de «sus políticos» y defenderlos de sus mañas. Ojalá que la criticidad y el castigo sociales se impongan en estos tiempos de tanta oscuridad y podredumbre.
