Bolivia no enfrenta un problema de delincuencia común ni de focos aislados de criminalidad: el país enfrenta una guerra que el narcotráfico y el crimen organizado transnacional han declarado formalmente contra el Estado boliviano, una confrontación en la que las mafias avanzan con una ventaja aplastante. Recientes acontecimientos confirman que el narco ha dejado de actuar en las sombras para pasar a la intimidación abierta y sangrienta contra las más altas autoridades del país.
El hallazgo de un hombre acribillado en el Cordón Ecológico de Santa Cruz con un cartel explícito de amenaza de muerte dirigido al viceministro de Régimen Interior, Peter Maldonado, es la mejor evidencia de esta declaración. Se suma a las intimidaciones previas reportadas en Cobija, a la difusión de videos de sicarios encapuchados y a las amenazas directas denunciadas por el propio presidente Rodrigo Paz contra su entorno familiar. Esta escalada demuestra que los carteles —entre ellos estructuras vinculadas al Primer Comando de la Capital (PCC), Comando Vermelho y redes ligadas a Sebastián Marset— sienten que tienen la fuerza suficiente para arrinconar al poder político, condicionar a la justicia y territorializar su violencia en regiones clave de Santa Cruz, Beni y el Trópico.
Las mafias cuentan con recursos que superan ampliamente las capacidades operativas locales. Su poder no solo se evidencia en los más de sesenta sicariatos registrados este año, sino en su capacidad para desestabilizar la paz social y poner en jaque la gobernabilidad, como ya lo intentaron durante 53 días de bloqueo. Han permeado el aparato institucional, la policía y la justicia.
Sin embargo, ante esta sangrienta realidad, el gobierno de Rodrigo Paz se muestra rebasado y opta por una postura peligrosa: no admite la gravedad del conflicto ni está dispuesto a desplegar todo su poder de fuego, paralizado por el temor a sufrir derrotas devastadoras tanto en el campo militar como en el plano político.
El Ejecutivo no puede seguir eludiendo esta guerra ni pretendiendo que se ganará con discursos o despliegues policiales insuficientes. Pretender enfrentar en solitario a organizaciones criminales con presupuesto transnacional y logística de nivel corporativo es un acto de ceguera geopolítica. Si el Estado boliviano quiere evitar su desintegración institucional, debe asumir de una vez por todas su debilidad estructural y convocar la ayuda internacional.
Ganar este conflicto requiere asistencia militar, inteligencia estratégica y apoyo logístico del exterior, de forma destacada de los Estados Unidos y de los organismos especializados en seguridad transnacional. Países de la región que también han estado contra las cuerdas frente al avance brutal del narcotráfico han comprendido que la soberanía no se defiende cediendo territorio al crimen, sino aliándose con firmeza con el mundo civilizado. El tiempo se agota para el gobierno: o asume que esta guerra se combate con todo el peso del Estado y el auxilio internacional, o la historia registrará la rendición definitiva del país ante las mafias.
Ganar este conflicto requiere asistencia militar, inteligencia estratégica y apoyo logístico del exterior, de forma destacada de los Estados Unidos y de los organismos especializados en seguridad transnacional.
