Javier Milei no se anduvo con rodeos ante la Asamblea General de las Naciones Unidas: calificó a la organización de «inútil» y cuestionó su enorme burocracia internacional. Más allá de la retórica del presidente argentino, su crítica plantea un problema económico fundamental: la imposibilidad de calcular si los recursos empleados por una institución burocrática están destinados a los usos más valiosos.
Es evidente que algunas acciones de la ONU
producen beneficios concretos. Sus agencias vacunan niños, alimentan a personas
afectadas por hambrunas, asisten a refugiados y participan en operaciones de
mantenimiento de la paz. Incluso existen investigaciones que demuestran que
estas intervenciones pueden reducir las muertes de civiles. Por tanto, sería
exagerado afirmar que todo lo que hace la organización carece de utilidad.
Sin embargo, como explicó el economista Ludwig von Mises, producir resultados beneficiosos no significa necesariamente utilizar los recursos de manera económica. Una actividad puede generar algo valioso y, al mismo tiempo, consumir recursos que habrían producido mayores beneficios en otro destino.
Una empresa privada está sometida a una prueba
permanente: los consumidores deciden si compran sus productos, los inversores
arriesgan su capital y la competencia obliga a mejorar. Las ganancias y las
pérdidas permiten conocer si los recursos se utilizan para producir bienes que
las personas valoran más que las alternativas disponibles.
La ONU no enfrenta esa misma disciplina. Su
financiamiento proviene principalmente de los gobiernos, cuyos ingresos
proceden, en buena medida, de los impuestos. El contribuyente no puede rechazar
voluntariamente los servicios de la organización ni decidir qué parte de sus
recursos quiere destinar a ellos. Por eso, no existe un mecanismo de mercado
que permita comparar las preferencias de quienes aportan los recursos con los
resultados obtenidos.
El sistema de Naciones Unidas reportó gastos
cercanos a los 66.000 millones de dólares en 2024. De esa cantidad, aproximadamente
7.600 millones correspondieron a funciones de apoyo: administración, dirección,
tecnología, comunicaciones, supervisión y recursos humanos.
Las cifras muestran cuánto dinero se gastó,
pero no permiten determinar si se utilizó correctamente. En una empresa
privada, los costos excesivos terminan afectando las ganancias. En una
burocracia financiada con aportes gubernamentales no existe una señal
equivalente que indique cuándo el gasto administrativo supera el valor que
genera.
Lo mismo ocurre con los salarios. La ONU
utiliza el principio de Noblemaire para establecer remuneraciones profesionales
tomando como referencia al servicio civil nacional mejor pagado. Aunque existen
razones para ofrecer salarios competitivos, no hay una prueba de mercado que
determine si cada contratación genera un valor superior a su costo.
La iniciativa UN80 busca reducir
duplicaciones, consolidar servicios administrativos y reorganizar operaciones.
Si consigue disminuir gastos manteniendo el mismo nivel de vacunaciones,
asistencia humanitaria y operaciones de paz, demostrará una mejora de
eficiencia técnica. Sin embargo, no resolverá la cuestión fundamental: si esos
recursos estarían mejor empleados en otras actividades.
Un análisis de costo-beneficio tampoco puede
sustituir completamente los precios de mercado. Poner cifras a las vidas
salvadas o a los conflictos evitados ofrece estimaciones útiles, pero no
reproduce las decisiones voluntarias de quienes aportan los recursos.
La crítica económica más profunda a las
Naciones Unidas no consiste en afirmar que sus beneficios son inexistentes,
sino en reconocer que no hay un mecanismo confiable para determinar si superan
sus costos de oportunidad.
Milei puede exagerar al calificar de inútil a
toda la organización. Una vacuna administrada o un refugiado alimentado
representan beneficios reales. Pero utilidad y valor económico no son lo mismo.
El problema de fondo es que la ONU consume recursos escasos sin someterse al
sistema de precios, ganancias y pérdidas que permite descubrir si están
destinados a los usos que la sociedad realmente valora.
Shahid Islam - Instituto Mises
