El país acaba de recibir otra noticia que golpea directamente la credibilidad de sus instituciones: el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romero Saucedo, tenía una orden de aprehensión por presuntos vínculos con el narcotráfico. La revelación no sólo agrava el escándalo que rodea al exfiscal general Roger Mariaca, sino que plantea una pregunta mucho más inquietante: ¿cuántos personajes como ellos siguen ocupando cargos públicos y manejando los hilos del Estado?
Según las propias declaraciones del Gobierno,
Mariaca y Saucedo eran personas muy allegadas. Tenían una relación cercana y,
al parecer, compartían algo más que vínculos personales. Entonces, la
ciudadanía se pregunta: si las autoridades conocían esos antecedentes, ¿por qué
no actuaron antes? ¿Por qué permitieron que estas personas llegaran a ocupar
los puestos más importantes de la administración de justicia? ¿Hacía falta que
Estados Unidos interviniera para que comenzaran a conocerse sus antecedentes?
No es una pregunta menor. Mariaca pasó muchos
años en la Fiscalía de Santa Cruz y luego llegó a ocupar el cargo de fiscal
general del Estado. Si no hubiera sido sancionado por Estados Unidos, junto con
otros funcionarios bolivianos, probablemente seguiría en funciones.
La pregunta que recorre las calles es cuántos
“mariacas” hay en la justicia, cuántos en la Policía, cuántos en la
administración pública y cuántos ocupan puestos de confianza en las
instituciones del Estado. La gente necesita saberlo, pero también necesita
tener la certeza de que el Gobierno está dispuesto a descubrirlos y
expulsarlos, independientemente de que Estados Unidos los tenga o no en la
mira.
Bolivia no puede seguir en manos de
funcionarios que, en lugar de combatir el crimen, lo protegen, lo encubren o
hacen negocios con él. Mientras los grandes narcotraficantes permanecen fuera
de las cárceles, los sicarios nacionales y extranjeros se mueven con una
libertad que resulta aterradora. Santa Cruz se ha convertido en escenario de
ajustes de cuentas, ejecuciones y asesinatos cada vez más indiscriminados.
En medio de este desastre institucional, en lo
más alto del poder político también se multiplican los escándalos. La conducta
de las autoridades que dicen estar trabajando por cambiar el estado de cosas
que dejó el MAS alimenta la desconfianza y abre espacio para toda clase de
sospechas.
La pregunta no es solamente qué hicieron Mariaca y Saucedo. La pregunta es cuántos más hay. El Gobierno tiene la obligación de responder, investigar y hacer una limpieza profunda en todas las instituciones. No puede conformarse con una purga selectiva, motivada por sanciones extranjeras o por la presión de los acontecimientos. La lucha contra el narcotráfico debe comenzar dentro del propio Estado.
Porque si quienes deben combatir a los narcos terminan trabajando para ellos, Bolivia no tiene solamente un problema de inseguridad. Tiene un Estado infiltrado por el crimen organizado.
La pregunta no es solamente qué hicieron Mariaca y Saucedo. La pregunta es cuántos más hay. El Gobierno tiene la obligación de responder, investigar y hacer una limpieza profunda en todas las instituciones. No puede conformarse con una purga selectiva, motivada por sanciones extranjeras o por la presión de los acontecimientos. La lucha contra el narcotráfico debe comenzar dentro del propio Estado.
