Es preciso hacer un balance desapasionado del primer año de gobierno de Rodrigo Paz y examinar, con criterio racional, lo que ha significado para Bolivia la llegada de una nueva administración. El MAS entregó el Gobierno, pero no el poder estatal. El proceso de cambio dejó un enorme costo para el erario nacional, sin que sus beneficios compensaran los sacrificios de la población. Existe un irritante desnivel entre las penurias de los bolivianos y los privilegios de una casta política podrida y corrupta. Hoy, el gobierno de Rodrigo Paz parece repetir los viejos patrones de comportamiento del masismo, prolongando una crisis que debió comenzar a revertirse.
Basta comparar el salario mínimo nacional, de
Bs 3.300, con los aproximadamente Bs 22.000 que puede percibir un funcionario
de alto rango para comprender el atraso en que nos encontramos. Mientras los
profesores defienden un sistema educativo obsoleto, los jóvenes profesionales
permanecen desempleados o emigran en busca de oportunidades, incluso en las
cosechas de fruta en Chile. Los pequeños emprendedores hacen malabares para
mantener sus negocios, mientras los políticos oportunistas exhiben automóviles
nuevos, adquieren propiedades y derrochan fortunas de procedencia cuestionable.
Bolivia sigue siendo un país pobre, marcado
por profundas desigualdades, un crecimiento demográfico acelerado en ciudades
como Santa Cruz y El Alto, y una economía informal que domina buena parte de la
actividad comercial. La decepción ciudadana frente al Gobierno y la justicia es
cada vez mayor. Puedo estar equivocado en mis apreciaciones, pero la verdad
sigue siendo el arma más poderosa de los espíritus libres. El origen de nuestro
estrepitoso fracaso está en la monstruosa aventura del proceso de cambio y en
la adopción de la ideología del socialismo del siglo XXI, cuya factura seguimos
pagando todos los bolivianos.
A un año de gestión, esa herencia continúa
presente. El gobierno de Rodrigo Paz resulta una ficción costosa: gasta lo que
no tiene, carece de una cultura de ahorro y parece confundir la administración
de los recursos públicos con la continuidad de viejas prácticas de saqueo.
Tampoco consigue generar confianza ni atraer inversiones privadas,
indispensables para recuperar la economía. El encarecimiento de la vida y el
deterioro de las finanzas públicas dificultan cualquier expectativa de
recuperación. Vivimos en una Bolivia VUCA: volatilidad cambiaria, incertidumbre
económica, complejidad política y ambigüedad gubernamental. No sabemos qué
representa esta administración: no es chicha ni limonada. Es, sencillamente, un
gobierno insípido.
Se trata de una gestión sin sustancia ni rumbo
definido, con un discurso poco motivador y sin una identidad ideológica clara.
Podrá mostrarse pragmática en política exterior, pero eso no basta para
resolver los problemas internos ni para construir una administración sólida.
Tampoco logra conectar emocionalmente con la población ni transmitir
transparencia y honestidad. Es un gobierno gris, ni blanco ni negro, atrapado
en la tibieza. Y lo tibio, como dice la expresión popular, se vomita. Una
administración que no inspira confianza difícilmente podrá sostenerse sobre el
respaldo ciudadano.
La inacción se manifiesta frente a las
múltiples crisis que atraviesa el país: económica, energética, sanitaria,
educativa y de inseguridad ciudadana, además del narcotráfico, el contrabando y
el tráfico de tierras y personas. Es una administración que transcurre sin pena
ni gloria, incapaz de impulsar transformaciones significativas y de tomar
decisiones firmes frente a problemas estructurales que amenazan el futuro
nacional.
La patria vuelve a sentirse engañada por una vieja casta política que pacta con intereses oscuros y compromete el futuro del país. Mientras no exista una ruptura real con las prácticas del pasado, el socialismo del siglo XXI seguirá gobernando Bolivia bajo nuevas apariencias. El zurderío narcosindicalista continúa condicionando al Estado, a la sociedad civil organizada y al país entero. Cambiaron los nombres y los rostros, pero las viejas estructuras de poder siguen intactas.
