La Gobernación y la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra preparan acciones administrativas y legales contra las urbanizaciones involucradas, que podrían incluir procesos penales, desalojos y la restauración de las áreas afectadas.
La Gobernación de Santa Cruz, en coordinación con el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, iniciará procesos administrativos y legales contra las urbanizaciones identificadas por la tala de árboles y los desmontes en el cordón ecológico del río Piraí, donde las inspecciones detectaron un total de 65 hectáreas afectadas.
Las acciones buscan frenar las intervenciones en esta área natural de protección y preservar su función como barrera frente a las crecidas del río, especialmente ante el riesgo de eventos climáticos extremos asociados al fenómeno de El Niño.
El subgobernador de la provincia Andrés Ibáñez, Federico Morón, informó que los desmontes fueron identificados durante inspecciones realizadas en el sector, conocido también como BP1 o llanura de inundación. Explicó que esta franja natural cumple un papel fundamental en la protección de la ciudad frente a posibles desbordes del río Piraí, por lo que advirtió sobre los peligros que representan la tala de árboles, los nuevos asentamientos y los proyectos inmobiliarios en la zona.
A partir de los resultados de las inspecciones, ambas instituciones avanzan en una auditoría jurídica, técnica y ambiental para determinar la situación legal de los terrenos e identificar a sus propietarios. Con base en esos resultados, se definirán las medidas correspondientes, que podrían contemplar procesos penales, desalojos y la recuperación de las áreas intervenidas.
Morón también advirtió que se tomarán acciones contra nuevas urbanizaciones que pretendan obtener licencias ambientales para desarrollar proyectos inmobiliarios en sectores donde las construcciones no están permitidas.
“El cordón ecológico es la muralla de los cruceños ante eventos climatológicos como el turbión del 83”, manifestó la autoridad, al remarcar la importancia de conservar esta barrera natural frente a posibles crecidas extraordinarias del río Piraí.
En paralelo, la Gobernación gestiona ante la CAF un financiamiento de Bs 379 millones para ejecutar las obras de protección contempladas en la fase seis del Servicio de Encauzamiento de Ríos (Searpi).
Estos recursos permitirían fortalecer la protección de 24 municipios. De ese total, 10 cuentan actualmente con posibilidades de financiamiento a través del Gobierno nacional y el Viceministerio de Recursos Hídricos.
La gestión apunta a completar los recursos necesarios para ampliar las obras de prevención y reducir la vulnerabilidad de las poblaciones expuestas a inundaciones.
