La Cámara Boliviana de la Construcción (CABOCO), la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB), el Colegio de Arquitectos de Bolivia (CAB) y la Confederación Sindical de Trabajadores de la Construcción (CSTCB)declararoninefectivas las instancias de diálogo con las autoridadesy exigieronla intervención directa del presidente Rodrigo Paz para atender la crisis que atraviesa el sector de construcción. Entre sus principales demandas está la implementación de un mecanismo permanente de reajuste de precios para los contratos de obra pública.
“Hasta la fecha no hemos recibido respuestas efectivas ni soluciones técnicas, prácticas, viables y de aplicación inmediata que permitan revertir la crítica situación de nuestro sector”, dice el documento difundido por el sector.
Asimismo, cuestionóla aplicación del Decreto Supremo 5597, que fue presentado como una alternativa para atender el desequilibrio económico de los contratos de obra pública y garantizar la continuidad de los proyectos. Sin embargo, sostuvo que la norma resultó "insuficiente y de difícil aplicación debido a obstáculos administrativos y operativos".
Según el comunicado, la norma en lugar de restablecer el equilibrio económico-financiero de los contratos, las dificultades de implementación dejaron a numerosas empresas expuestas al incremento de costos y a obligaciones contractuales insostenibles, convirtiéndose incluso en “una causa más de paralización de obras”.
Ante esta situación, el sector determinó “declarar inefectivas las instancias de diálogo con las autoridades sectoriales” yrechazó la continuidad de nuevos encuentros que no tengan capacidad de resolver problemasni estén respaldados por decisiones concretas, mecanismos de aplicación inmediata y garantías de cumplimiento. En ese sentido, exigió la intervención directa del presidente del Estado para disponer soluciones integrales y definitivas.
Entre sus principales demandas está un mecanismo permanente de reajuste de precios mediante una fórmula polinómica que contemple todos los componentes e insumos de las obras, incluidos materiales, mano de obra, operación de equipos y combustibles. La propuesta plantea que el mecanismo esté basado en índices oficiales y se aplique a todos los contratos de obra pública, tanto en ejecución como futuros, en reemplazo de ajustes excepcionales y por única vez.
Asimismo, exigen la actualización obligatoria de los presupuestos referenciales con precios de mercado vigentes en el lugar de ejecución de las obras y la revisión inmediata de los procesos de contratación elaborados con costos desactualizados, yla aplicación inmediata del DS 5597 mediante la firma de contratos modificatorios para los proyectos en ejecución y la ampliación de sus alcances a los contratos suscritos después de su promulgación.
El abastecimiento garantizado de diésel por parte de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para la ejecución de obras públicas oel reconocimiento del costo real del combustible importado; el reconocimiento del diferencial cambiario en los componentes importados y dolarizados; y un cronogramapara el pago de planillas adeudadas.
Además, el sector solicitó ampliar los plazos contractuales sin aplicación de multas cuando los retrasos sean consecuencia de la escasez de combustible o insumos, además de medidas financieras para reactivar el sector.
El bloque advirtió que el incremento de los precios de materiales, combustibles, equipos y servicios, así como el dólar flexible, deterioró las condiciones económicas del sector, quecompromete la inversión pública, la ejecución de infraestructura, la estabilidad de las empresas y miles de fuentes laborales. “El sector constructor no puede seguir esperando mientras sus empresas se debilitan, sus obras se paralizan y sus profesionales y trabajadores pierden sus fuentes de sustento”, remarca el pronunciamiento.
