La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por unanimidad una reforma legal que abre el sector eléctrico a empresas privadas y extranjeras, en un giro respecto al modelo de predominio estatal que ha caracterizado históricamente a esta industria. La medida busca atraer inversiones para recuperar la capacidad de generación, modernizar las instalaciones y enfrentar una crisis marcada por apagones, fallas de suministro y el deterioro de la infraestructura.
La iniciativa modifica parcialmente la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico y habilita la participación de operadores privados y empresas mixtas en distintas actividades del sector. La aprobación se produjo durante la segunda discusión parlamentaria, después de que el debate definitivo fuera postergado en tres oportunidades.
Uno de los principales cambios permite que compañías particulares participen en la generación de electricidad, siempre que obtengan las autorizaciones correspondientes. La reforma también contempla concesiones de hasta 25 años, con el propósito de ofrecer condiciones de mayor estabilidad a los inversionistas interesados en financiar proyectos de infraestructura.
La apertura alcanza además la comercialización de energía, lo que permitirá incorporar capital privado en diferentes etapas del negocio eléctrico. Sin embargo, el Estado conservará una posición estratégica en la regulación y el funcionamiento del sistema nacional.
La reforma llega en un momento crítico para Venezuela, donde los cortes prolongados, las interrupciones imprevistas y las variaciones de voltaje afectan de manera recurrente a hogares, comercios e industrias. La falta de inversiones y el deterioro de las instalaciones han reducido la capacidad de respuesta del sistema frente a las necesidades de la población.
Durante este año, el incremento de la demanda eléctrica agravó las dificultades operativas de una red que arrastra problemas estructurales desde hace varios años. La crisis también está vinculada a cuestionamientos sobre la administración de los recursos públicos y la gestión estatal de los servicios energéticos.
El cambio legislativo forma parte de una apertura económica más amplia impulsada por el Gobierno de la presidenta interina Rodríguez, que comenzó con modificaciones a la legislación petrolera a principios de año para ampliar la participación de compañías privadas y extranjeras en la industria de hidrocarburos.
En ese contexto, Venezuela firmó el lunes un memorándum de entendimiento con ExxonMobil para evaluar posibles proyectos de exploración y producción petrolera. El acuerdo representa un acercamiento entre la compañía estadounidense y el país sudamericano después de casi dos décadas de distanciamiento.
ExxonMobil abandonó Venezuela en 2007, cuando el entonces presidente Hugo Chávez impulsó la nacionalización de proyectos petroleros y exigió a las compañías extranjeras ceder el control mayoritario de sus operaciones al Estado. La firma del nuevo entendimiento abre la posibilidad de evaluar su regreso bajo condiciones diferentes.
Rodríguez calificó el acuerdo como un paso importante y sostuvo que las inversiones deben contar con garantías suficientes para las empresas. La mandataria destacó la necesidad de establecer condiciones favorables y seguridad jurídica para recuperar la confianza de los inversionistas internacionales.
Por su parte, Dan Ammann, presidente de ExxonMobil, señaló que la combinación de las capacidades de la compañía con los recursos energéticos venezolanos podría generar beneficios para los participantes del proyecto. Sin embargo, el director ejecutivo de la petrolera, Darren Woods, había advertido anteriormente que la recuperación de la industria venezolana requería cambios profundos en las condiciones políticas y económicas.
La apertura de los sectores petrolero y eléctrico también se desarrolla bajo la presión de la administración de Donald Trump, que promueve el regreso de inversiones estadounidenses a Venezuela desde la captura de Nicolás Maduro en enero. El mandatario había instado a las principales petroleras de su país a participar en la recuperación de la industria energética venezolana.
Con la reforma eléctrica, el Gobierno busca extender ese proceso a un servicio esencial que necesita grandes inversiones y una transformación de su modelo de gestión. El desafío será convertir la apertura legal en proyectos concretos, recuperar la infraestructura deteriorada y garantizar un suministro estable después de años de fallas y apagones.
