El Estado central boliviano ha perfeccionado un arte singular: convertir un derecho en una dádiva. El Gobierno remitió a las gobernaciones el proyecto de ley especial de coparticipación tributaria, con una oferta máxima del 1% a partir de 2027, cuando su propuesta original era un esmirriado 0,4%. La presentó como un avance de la agenda 50/50 y los gobernadores la recibieron como lo que es: una burla administrada con lenguaje técnico.
La respuesta fue contundente. Siete gobernaciones rechazaron
el planteamiento. Cochabamba propuso partir del 3%; Santa Cruz exige comenzar
con el 5% e incrementarlo de forma progresiva. Tarija plantea un mecanismo
gradual y su gobernadora, María René Soruco, habló incluso de retroceso.
Hay algo peor que la cifra. Según Soruco, la propuesta
traslada a las gobernaciones el crecimiento vegetativo de los ítems de salud,
una obligación que corresponde al nivel central. Se ofrece una migaja y se
cobra con una carga permanente, condicionando el ejercicio de la autonomía y
desconociendo la razón de ser del modelo que implementó la Constitución desde
2009.
Por otro lado, el viceministro de Autonomías sostiene que el
1% no crea recursos nuevos, sino que redistribuye lo recaudado, y que debe
acompañarse de una transferencia de responsabilidades. El argumento es
técnicamente respetable, pero políticamente incompleto. Olvida que la Ley Marco
de Autonomías y Descentralización ya fijó el rumbo. Sus disposiciones
transitorias tercera y cuarta ordenan ajustar el régimen económico-financiero a
las competencias que la Constitución asignó a los gobiernos autónomos. Esa
deuda lleva más de una década sin pagarse.
Lo que reclaman las gobernaciones no es un favor, sino el
cumplimiento de la ley. Las autonomías nacieron con competencias y sin medios.
Se las obligó a responder por salud, caminos y fomento productivo, mientras la
caja siguió concentrada donde siempre estuvo. Y las que soportaron la carga más
pesada desde el inicio del modelo actual fueron las gobernaciones, puesto que
no participan de la coparticipación tributaria.
Aquí aparece el verdadero problema: la escasa voluntad del
nivel central para reducir su propio gasto. Se exige disciplina fiscal a las
regiones, pero no se exhibe un plan serio de austeridad. No hay racionalización
de la burocracia ministerial. No hay revisión de las empresas públicas
deficitarias. No hay contención del gasto corriente. Se pide sacrificio al
vecino mientras la casa propia permanece desordenada, incrementando el
asistencialismo mediante bonos que no producen cambios efectivos en la
realidad.
Esa conducta tiene nombre: continuismo. Cambian los
eslóganes y los rostros, pero la lógica del modelo descarriado que dejó el MAS
sigue intacta. Es un modelo que concentra recursos, discrecionalidad y
clientela en la sede de gobierno. Una agenda 50/50 que se agota en el 1% no
descentraliza. Administra la herencia con otro eslogan.
La doctrina es clara. Agustín Gordillo, maestro del derecho
administrativo, enseñó que la administración existe para servir a la comunidad
y no para perpetuarse a sí misma. Una competencia atribuida sin recursos es una
ficción jurídica. Las gobernaciones tienen la responsabilidad, pero no el
presupuesto. Eso no es descentralizar: es delegar el fracaso.
Roberto Gargarella, desde el constitucionalismo, advirtió
sobre las democracias de fachada, donde la sala de máquinas del poder permanece
cerrada, aunque la parte alta del edificio proclame derechos. Bolivia reconoce
la autonomía en su Constitución. Mientras el dinero siga dependiendo del humor
del ministro de turno, esa autonomía será un adorno de la fachada.
¿Qué corresponde entonces? Al menos tres frentes son
ineludibles. Primero, una fórmula legal de coparticipación con porcentajes
definidos, plazos y un escalonamiento claro, no un simple anuncio. Segundo, que
cada competencia transferida lleve aparejado su financiamiento, sin trasladar
cargas del nivel central a las gobernaciones. Tercero, un compromiso
verificable de reducción del gasto central, con metas e informes públicos.
El proyecto, o la solución real, parece dirigirse ahora
hacia la Asamblea Legislativa, donde ya existen discrepancias sobre el 1%,
además de los problemas internos de cuoteos y disputas. Es una oportunidad poco
frecuente para demostrar que los legisladores representan a los departamentos y
no al Palacio ni a intereses mezquinos. Si se limitan a aprobar el texto tal
como llegue, pondrán el sello legislativo al centralismo. ¿Legislarán para el
país llegado el momento o seguirán siendo miopes ante las necesidades
legislativas que tiene Bolivia?
Imaginemos a Sísifo empujando su roca cuesta arriba, sabiendo que volvería a caer. Las autonomías bolivianas llevan quince años en esa pendiente: cada gobierno promete una cumbre y entrega un diagnóstico. La tragedia no es la roca. Es que quienes podrían compartir el peso prefieren mirar desde arriba y llamar generosidad a su comodidad.
