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Sucre: allanan oficinas de Romer Saucedo en un operativo policial y fiscal

Este lunes también se allanó la vivienda que habitaba Saucedo en Sucre y en donde se encontraron “unos cheques del extranjero, unas cuentas del extranjero que se va a proceder a investigar, pero nada más de relevancia”, dijo Urioste.

Policías y fiscales allanaron este martes por la mañana las oficinas de Romer Saucedo
País | Brújula Digital | 2026-11-10 11:13:34

Policías y fiscales allanaron este martes por la mañana las oficinas del presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Romer Saucedo, en Sucre, en el marco de la investigación por los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de sustancias controladas.

Un día antes, el lunes, también se allanó la vivienda que habitaba Saucedo en Sucre. El fiscal general interino del Estado José Armando Urioste informó que en el domicilio se encontraron “unos cheques del extranjero, unas cuentas del extranjero que se va a proceder a investigar, pero nada más de relevancia”. No se halló dinero en efectivo ni armamento.

Aún se desconoce qué se encontró en la oficina del presidente del TSJ, cuyo paradero es desconocido.

El 4 de noviembre, el presidente del TSJ anunció que se declaraba en exilio junto a su familia porque, según dijo, Bolivia ya no era un país seguro. Afirmó que temía por su libertad y su vida, así como por la seguridad de sus familiares, y acusó al gobierno de preparar procesos en su contra.

Posteriormente, se conoció que un día antes de ese anuncio la Fiscalía General del Estado había emitido una orden de aprehensión contra Saucedo, como parte de una investigación por los presuntos delitos de organización criminal y narcotráfico.

Antecedentes

El gobierno sostiene que Saucedo y el exfiscal general del Estado Roger Mariaca, quien cumple detención preventiva en el penal de Cantumarca, en Potosí, eran parte de una estructura criminal dedicada a favorecer al narcotráfico y al crimen organizado.

Este lunes, el viceministro de Régimen Interior Peter Maldonado informó que miembros del sistema judicial, entre ellos jueces y fiscales, además de parlamentarios de la anterior y de la actual legislatura, son investigados por sus presuntos vínculos con organizaciones dedicadas al narcotráfico y al crimen organizado.