España vivió este miércoles 11 de noviembre su primera huelga general en 14 años, con movilizaciones multitudinarias en distintas ciudades, más de 50 detenidos y enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas policiales. La protesta, convocada por los principales sindicatos bajo el lema «Salarios, vivienda y precios», exigió medidas para facilitar el acceso a una vivienda digna, recuperar el poder adquisitivo y frenar la especulación inmobiliaria.
La convocatoria fue impulsada conjuntamente por Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT), con el respaldo de otras organizaciones sindicales y colectivos sociales, entre ellos la Confederación de Sindicatos de Inquilinas. El paro, de 24 horas, también apuntó contra la patronal y las políticas gubernamentales relacionadas con el mercado inmobiliario y el encarecimiento del costo de vida.
Madrid y Barcelona concentraron las principales manifestaciones. En la capital española, la Delegación del Gobierno calculó la participación en unas 120.000 personas, mientras que el Sindicato de Inquilinas elevó la cifra a 400.000. La marcha comenzó en las inmediaciones de Atocha y concluyó en la Plaza de España, en medio de una intensa lluvia y consignas contra los propietarios inmobiliarios, las empresas y el Gobierno de Pedro Sánchez.
En Barcelona, la Guardia Urbana estimó en más de 55.000 los participantes en la movilización principal, mientras que los organizadores aseguraron que llegaron a 400.000. Al finalizar las marchas se registraron altercados protagonizados por grupos de encapuchados en las zonas del Passeig de Gràcia, Gran Vía y Plaza Catalunya, lo que obligó a intervenir a las fuerzas de seguridad.
El balance del Ministerio del Interior hasta las 17:00 horas registraba al menos 52 detenidos y 919 incidencias relacionadas con la huelga en todo el país. De las detenciones, 38 correspondían a intervenciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil, mientras que las restantes fueron comunicadas por las policías autonómicas de Cataluña y el País Vasco.
Madrid también registró momentos de tensión durante la jornada. La Policía Nacional dispersó a manifestantes que bloqueaban la Gran Vía mediante cargas y utilización de gas pimienta, con un saldo de al menos cinco heridos, según los reportes. Posteriormente, otros grupos protagonizaron nuevos incidentes en las inmediaciones de la calle Preciados y en el intento de acercarse al Congreso de los Diputados.
Los sindicatos calificaron la convocatoria como un éxito. El secretario general de CCOO, Unai Sordo, aseguró que el seguimiento del paro había superado las expectativas, mientras que su homólogo de UGT, Pepe Álvarez, cuestionó la actuación policial y la consideró desproporcionada. La organización sindical reclamó además una revisión de los protocolos utilizados durante las intervenciones.
La patronal española, por el contrario, calificó la huelga como un fracaso y sostuvo que el seguimiento medio había sido inferior al 5% en los distintos sectores y territorios. La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) respaldó su valoración con los datos de demanda eléctrica, que registraban una reducción de apenas el 4,7% respecto a las previsiones de Red Eléctrica y del 2,5% en comparación con la jornada anterior.
Las protestas también se extendieron a Galicia, Andalucía, el País Vasco y la Comunidad Valenciana. En esta última región, los sindicatos aseguraron que el seguimiento alcanzó el 60%, con una incidencia del 70% en determinadas empresas industriales y el cierre total del puerto de Valencia, salvo para los servicios de emergencia. En Andalucía, varias movilizaciones fueron suspendidas por las condiciones meteorológicas adversas.
Uno de los episodios más llamativos ocurrió en Terrassa, Barcelona, donde alrededor de 2.000 personas participaron en la ocupación de un edificio de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), que llevaba once años vacío. Los organizadores anunciaron que sus quince viviendas serían destinadas a familias vulnerables y desplegaron una pancarta con el mensaje «Llenemos de vida los bloques vacíos».
La jornada también abrió un nuevo frente de confrontación política. Desde la izquierda, el Frente Amplio reclamó al presidente Sánchez la destitución del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por la intervención policial contra los piquetes. En sentido contrario, el líder de Vox, Santiago Abascal, acusó al Gobierno de utilizar a los sindicatos contra trabajadores y comerciantes, mientras que el Partido Popular cuestionó la convocatoria y difundió una imagen satírica sobre los dirigentes sindicales.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, expresó su respaldo a los trabajadores y sindicatos y criticó las burlas del Partido Popular sobre el derecho a la huelga. Mientras tanto, las manifestaciones continuaron durante la tarde en distintas ciudades, en una jornada que volvió a poner en primer plano el problema del acceso a la vivienda, los salarios y el encarecimiento de la vida en España.
