En su informe de gestión, el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, resaltó el rol de las Fuerzas Armadas durante los 53 días de conflictos y la lucha contra el narcotráfico y contrabando.
"Durante casi dos meses, las carreteras cerradas y el desabastecimiento afectaron el trabajo, la salud, el transporte y la vida cotidiana de millones de bolivianos. Ante esa situación, el presidente Rodrigo Paz declaró el estado de excepción”, dijo Justiniano.
Indicó que durante el estado de excepción se movilizó un total de 26.917 efectivos militares y se realizaron 151 acciones de desbloqueo.
Con relación a las organizaciones del narcotráfico indicó que estas “pueden disponer de armas, logística, financiamiento, tecnología y redes internacionales” y aseguró que cuando recurren a la intimidación o pretenden controlar territorios “el Estado enfrenta amenazas que pueden adquirir características narcoterroristas”.
En ese marco resaltó que se haya puesto en funcionamiento el Consejo de Seguridad del Estado Plurinacional (Costep) como espacio de coordinación estratégica.
“El Consejo aprobó cuatro propuestas: una ley de seguridad y defensa, una norma para el funcionamiento del propio COSTEP, un marco para el sistema de inteligencia del Estado y una herramienta legal para la participación excepcional de las Fuerzas Armadas frente al crimen organizado transnacional y las amenazas narcoterroristas”, informó.
Justiniano resaltó las operaciones del Comando Estratégico Operacional de Lucha contra el Contrabando y la Armada Boliviana para enfrentar economías ilícitas en zonas fronterizas, en cuencas pluviales y en espacios lacustres. Indicó que se atacó actividades vinculadas al contrabando, minería ilegal y narcotráfico.
“También promovemos operaciones, espejos con países vecinos. Lo estamos haciendo con Brasil, con Chile y esperamos hacerlo con Perú, Argentina y todos los países que son limítrofes a Bolivia”, afirmó.
Caso radares
Sin embargo resaltó que la transparencia también es defensa social y mencionó el caso radares que investiga a exministros de Defensa por el daño económico de más de 1.478 millones de bolivianos.
“La revisión presentada públicamente encontró que de 13 radares contratados, solamente 2 estaban operativos sin observaciones, 9 presentaban observaciones y 2 no funcionaban. Ante esos antecedentes, el Ministerio de Defensa presentó una querella penal”, indicó.
“Para la siguiente etapa tenemos prioridades claras”
Justiniano indicó que para la siguiente etapa “ tenemos prioridades claras” entre lo que mencionó preparar mejor al Estado para proteger el orden constitucional y los derechos de toda la población ante nuevas crisis; completar el trámite de las cuatro propuestas del Corte, incluida la participación excepcional y controlada de las Fuerzas Armadas frente al crimen organizado transnacional y las amenazas narcoterroristas; y fortalecer la carrera militar y el manco institucional.
“Convertir la cooperación internacional en capacitación y tecnología. Sostener el control fronterizo y la lucha contra el contrabando. Recuperar capacidades críticas, como la vigilancia aérea”, agregó.
Además, de transformar las empresas de defensa y fortalecer la prevención de desastres.
