Un hospital sin medicamentos. Un camino lleno de baches. Una autoridad que responde: “No hay presupuesto; debemos pedir recursos a La Paz”. Esa experiencia explica el atractivo del 50/50 de Rodrigo Paz: administrar más dinero cerca de la gente para resolver sus problemas. Pero ¿qué se repartiría por mitades? Para entenderlo, primero hay que mirar cómo se distribuyen hoy los recursos.
Desde la Participación Popular de 1994, Bolivia comparte la
recaudación de determinados impuestos nacionales, entre ellos el IVA y el
impuesto sobre las utilidades empresariales. De cada 100 bolivianos de esa
bolsa, 75 corresponden al Gobierno central, 20 a los municipios y cinco a las
universidades. El esquema básico continuó con la legislación autonómica de
2010. Las gobernaciones no participan de esa bolsa, pero reciben regalías, IDH,
IEHD y otros ingresos. La discusión es cómo ampliar sus recursos y su capacidad
de decisión.
En abril de 2025, Paz prometió que la mitad de los recursos
estatales iría a las regiones y anunció una medida para el día siguiente de
asumir. En julio habló de mayores responsabilidades departamentales y de
avanzar hacia el federalismo en diez o quince años. Su programa incluía a
municipios y universidades, aunque no precisaba completamente qué ingresos se
repartirían ni cuánto recibiría cada grupo.
Santa Cruz ha presentado fórmulas para concretar esa
redistribución. Su Gobernación propone comenzar con un 5% para las nueve
gobernaciones y avanzar gradualmente hasta el 15%; elevar la participación
municipal al 28% y la universitaria al 6-7%. El Gobierno central se quedaría
con el 50-51%. Se modificaría el reparto de la misma bolsa de impuestos.
El Comité pro Santa Cruz también respalda comenzar con al
menos un 5%, aunque su fórmula histórica plantea otro destino: 50% para el
Gobierno central, 25% para los municipios, 18% para las gobernaciones y 7% para
las universidades. Tanto ese 18% como el 15% propuesto por la Gobernación
serían para todos los gobiernos departamentales, no exclusivamente para Santa
Cruz.
Frente a esas propuestas, el Gobierno ofrece un 1% inicial
para las nueve gobernaciones desde 2027, con la posibilidad de elevarlo hasta
el 15% o el 18%, manteniendo las participaciones municipales y universitarias.
Ese ingreso se añadiría a sus otras fuentes de financiamiento.
¿Entonces Paz bajó su promesa del 50% al 1%?
La comparación confunde: prometió una redistribución amplia
para varios destinatarios, mientras que el 1% es una oferta inicial para las
gobernaciones. Sin embargo, ese 1%, el 15% departamental propuesto por la
Gobernación y el 18% planteado por el Comité sí se refieren a la misma bolsa.
Falta explicar cómo y cuándo se alcanzaría el reparto prometido.
Antes de pedir nuevos impuestos o declarar que no hay dinero
para las regiones, el Gobierno debe demostrar cuánto puede ahorrar y qué gastos
dejará de financiar. Esos ahorros ayudarían a ceder una mayor parte de la
recaudación; no constituirían otra bolsa para calcular los porcentajes.
Para lograr el cambio, Santa Cruz necesita convertir sus propuestas en apoyos nacionales. Si insiste en que “producimos más y queremos quedarnos con lo nuestro”, otros departamentos temerán perder recursos. Esa resistencia facilitaría que el Gobierno central frene la reforma. Una estrategia más inteligente garantizaría recursos a los territorios con menor capacidad recaudatoria y establecería una transición con fechas, responsabilidades financiadas y controles. Santa Cruz conseguirá más autonomía cuando los demás encuentren una oportunidad propia en acompañarla.
