Lo que ocurrió con el banco Ueno no fue un accidente técnico ni el simple fracaso de una startup financiera ambiciosa. Fue, en esencia, la actuación deliberada del poder político para fortalecer a una entidad, flexibilizar o violar las normas prudenciales del sistema financiero, canalizar fondos públicos hacia ella y hacer la vista gorda ante prácticas de alto riesgo. El resultado es conocido: colapso, millones de paraguayos sin acceso a sus ahorros y la destitución e imputación del propio presidente de la república.
Ueno se presentó como la cara moderna de Paraguay: un banco digital que ofrecía reintegros agresivos, inclusión financiera y la promesa de un país que se acercaba al modelo de bajos impuestos y crecimiento rápido. Llegó a captar a dos de cada tres adultos. Detrás de esa fachada existía una relación estrecha entre el gobierno de Santiago Peña, los reguladores y los ejecutivos del banco. Se canalizaron cientos de millones de dólares de recursos públicos hacia la entidad, mientras se otorgaban préstamos internos imprudentes y se omitían controles. El expresidente del Banco Central, Carlos Carvallo —quien había dirigido la entidad antes de pasar a regularla— fue acusado de mirar hacia otro lado. Cuando la solvencia se derrumbó, la ilusión se esfumó de un día para el otro.
Paraguay se vende como un oasis de prosperidad, un lugar donde la economía de mercado prima sobre los viejos vicios de la política. Este episodio ha sido un golpe de realidad. Demuestra que, donde la política sigue siendo omnipresente, interviene en todo y no respeta las reglas, ningún “modelo exitoso” está a salvo. Lo que pasó en Asunción puede ocurrir en cualquier país de la región.
Bolivia tiene especialmente mucho que decir al respecto. Conocemos de sobra el libreto. En distintas décadas vimos liquidaciones fraudulentas y crisis bancarias donde la intromisión política, los créditos vinculados y la debilidad de la supervisión terminaron quebrando la confianza pública. En Bolivia los políticos todavía pueden, literalmente, hacer lo que se les antoja: capturar reguladores, usar el sistema financiero como caja de resonancia de intereses partidarios o, en el peor de los casos, degradar instituciones que deberían ser independientes. La lección es siempre la misma.
La clave para que esto no se repita es clara y no admite atajos: respetar de manera estricta las normas internacionales de la banca (los estándares de Basilea, la independencia técnica de los bancos centrales y las superintendencias) y mantener a la política fuera del sistema financiero. Cuando los gobiernos convierten a los bancos en instrumentos de favoritismo o de supervivencia política, el costo nunca lo absorben los responsables. La factura la paga, una y otra vez, el ciudadano común, que ve congelados sus ahorros, pierde poder adquisitivo o termina financiando con sus impuestos los rescates y las consecuencias de los excesos ajenos.
Paraguay nos recuerda, con crudeza, que la prosperidad se construye sobre reglas claras, supervisión independiente y la convicción de que el dinero de la gente no es botín de nadie. Mientras América Latina no internalice esa lección, el próximo Ueno solo será cuestión de tiempo y de lugar.
