Una cifra vale más que mil discursos y Bolivia acaba de conocer una de ellas: apenas tiene 2,3 trillones de pies cúbicos (TCF) de reservas probadas de gas natural. Es el registro más bajo de los últimos 20 años. El propio Gobierno calificó el panorama de catastrófico y reconoció que, si no se revierte la tendencia, el país podría comenzar a importar gas desde 2030. Es el certificado de defunción de una de las mayores ilusiones económicas del país.
Los números son demoledores. En 2013 Bolivia
tenía 10,45 TCF de reservas probadas; hoy quedan 2,3. La producción, que llegó
a rozar los 60 millones de metros cúbicos diarios en 2014, cayó a poco más de
27 millones en 2025. YPFB reconoce que el país consume más gas del que
incorpora como nuevas reservas.
El declive del gas compromete las
exportaciones, debilita las cuentas públicas, reduce la disponibilidad de
dólares y amenaza el abastecimiento de industrias, hogares y generación
eléctrica. Importar gas significará pagar a precios internacionales lo que
antes producíamos a costos mucho menores. Será otra presión sobre una economía
que ya atraviesa una crisis de divisas y recursos fiscales.
El Gobierno de Rodrigo Paz tiene ahora una
responsabilidad histórica. La nueva Ley de Hidrocarburos que se anuncia no
puede ser otro maquillaje jurídico ni una redistribución de porcentajes para
conservar intacto el viejo modelo. Tiene que devolverle al país condiciones
para competir por inversiones: seguridad jurídica, reglas estables, contratos
previsibles, incentivos tributarios y libertad para que el capital privado
asuma riesgos exploratorios. El Estado debe regular y fiscalizar, no pretender
monopolizar una actividad que no tiene recursos ni capacidad para sostener por
sí solo.
También hay que reformar YPFB. No puede seguir
siendo una estructura burocrática, politizada y opaca, más preocupada por
administrar importaciones y contratos que por descubrir y producir
hidrocarburos. Necesita gestión profesional, transparencia, rendición de
cuentas y una estrategia empresarial.
Hay algo que conviene entender: una ley no
descubre gas y un anuncio no perfora un pozo. La exploración exige capital,
tecnología, tiempo y confianza. Incluso con las reformas correctas, recuperar
la producción tomará años. Por eso, el Gobierno debe actuar simultáneamente en
dos frentes: atraer inversiones para reconstruir la industria y garantizar el
abastecimiento interno mientras se administra una escasez cada vez más cercana.
También deberá evaluar con criterios técnicos los volúmenes de exportación y
las prioridades del mercado nacional.
Bolivia necesita abandonar las ideas que la
llevaron a esta ruina. El país que pudo financiar su desarrollo exportando gas
terminó consumiendo sus reservas sin reponerlas. Ahora corre el riesgo de
importar aquello que durante años fue su mayor riqueza. El mar de gas se agotó;
lo que no puede agotarse es la voluntad política de cambiar el modelo. De lo
contrario, seguiremos administrando el desierto mientras llega la factura de la
irresponsabilidad.
Bolivia necesita abandonar las ideas que la llevaron a esta ruina. El país que pudo financiar su desarrollo exportando gas terminó consumiendo sus reservas sin reponerlas. Ahora corre el riesgo de importar aquello que durante años fue su mayor riqueza.