Tribuna

El crimen también gobierna

El crimen también gobierna
Rolando Tellería A. | Profesor de Ciencias Políticas de la UMSS
| 2026-11-17 00:04:00

En mi anterior columna, Penetraron las estructuras del Estado, sostenía que el crimen organizado había conseguido infiltrarse en espacios estratégicos del Estado boliviano. Sin embargo, el problema es todavía más profundo. El crimen organizado no siempre necesita tomar el poder político para ejercerlo.

En determinadas regiones de América Latina, y particularmente en Bolivia, estas organizaciones han dejado de ser simples estructuras dedicadas a actividades ilícitas. Han comenzado a imponer reglas, controlar territorios, regular actividades económicas e influir en la vida cotidiana. En otras palabras, también gobiernan.

Este fenómeno es conocido en la literatura especializada como gobernanza criminal. Se produce cuando las organizaciones criminales establecen mecanismos de regulación social, imponen normas de comportamiento y ejercen funciones de autoridad, muchas veces en convivencia o colaboración con agentes estatales. No significa que el Estado haya desaparecido: puede seguir presente, compartiendo o incluso negociando espacios de poder. Surge así una suerte de gobierno híbrido.

En Bolivia, esta realidad merece especial atención en determinadas zonas del Chapare. Allí, los sindicatos cocaleros han ejercido históricamente funciones de autoridad local, estableciendo reglas, sanciones y mecanismos de control territorial. Algunos estudios académicos describen esta situación como una forma de autoridad de facto. Esto no significa que todos los productores de coca ni todas las organizaciones sindicales formen parte del crimen organizado. El problema aparece cuando determinadas estructuras de autoridad territorial se entrelazan con economías ilícitas y mecanismos de protección del narcotráfico. En esos casos, la frontera entre autoridad social, poder corporativo y actividad criminal se vuelve peligrosamente difusa.

¿Qué sucede cuando una organización criminal comienza a ejercer funciones de autoridad? El problema deja de ser exclusivamente policial. Aparece el control social mediante amenazas, castigos y restricciones a la libertad; también el control económico, a través de extorsiones y regulación de actividades ilegales. Los funcionarios pueden ser intimidados o corrompidos, mientras las comunidades quedan sometidas a poderes que restringen sus derechos. El ciudadano deja de recurrir al Estado y comienza a depender de quienes ejercen el poder clandestino.

¿Cómo recuperar, entonces, la autoridad estatal?

La fuerza policial, por sí sola, es insuficiente. El crimen organizado no disputa únicamente el monopolio de la violencia, sino también el control territorial, económico, institucional y judicial. Se necesita una estrategia integral basada en cinco pilares:

Primero, depuración institucional y blindaje judicial. No se puede combatir al crimen organizado con policías, fiscales y jueces infiltrados. Se requieren controles internos independientes, selección de autoridades por mérito, protección a investigadores y sanciones efectivas contra funcionarios corruptos.

Segundo, golpear las finanzas criminales. Detener cabecillas y decomisar cargamentos no basta si el dinero sigue circulando. Hay que investigar el lavado de activos, identificar testaferros, inmovilizar bienes ilícitos y recuperar esos recursos mediante procedimientos judiciales con garantías.

Tercero, recuperar el territorio. Los operativos policiales o militares aislados no resuelven el problema si el Estado se retira inmediatamente. Su presencia debe ser permanente y acompañarse de escuelas, centros de salud, justicia, infraestructura y oportunidades económicas legales.

Cuarto, inteligencia y cooperación internacional. Las organizaciones criminales operan mediante redes que atraviesan fronteras. Bolivia necesita integrar información policial, fiscal y financiera, fortalecer la investigación y coordinar acciones con los países vecinos.

Quinto, prevención social y reducción de las economías ilícitas. Es necesario evitar el reclutamiento de jóvenes mediante alternativas educativas, laborales y productivas. También corresponde discutir, sin dogmatismos, políticas regulatorias que reduzcan la rentabilidad de determinados mercados ilegales.

Bolivia aprobó en septiembre de 2026 su Política Antidroga 2026-2030, que incorpora varios de estos componentes: inteligencia financiera, recuperación de activos, fortalecimiento institucional, desarrollo integral y cooperación internacional. El desafío es convertir esos lineamientos en resultados verificables. No basta con tener una estrategia escrita: hay que ejecutarla.

El Estado no recupera autoridad solamente cuando vuelve a entrar con policías en un territorio. La recupera cuando garantiza justicia, seguridad, libertad y oportunidades; cuando ningún ciudadano necesita pedir permiso a una organización criminal para trabajar, circular o resolver sus conflictos.

Si el Estado no recupera su autoridad, el crimen organizado seguirá gobernando paralelamente allí donde controle el territorio, el dinero, las instituciones y, sobre todo, la vida de la gente.

*El autor es profesor de la Carrera de Ciencia Política de la UMSS.

Rolando Tellería A. | Profesor de Ciencias Políticas de la UMSS