En mi anterior columna, Penetraron las estructuras del Estado, sostenía que el crimen organizado había conseguido infiltrarse en espacios estratégicos del Estado boliviano. Sin embargo, el problema es todavía más profundo. El crimen organizado no siempre necesita tomar el poder político para ejercerlo.
En determinadas regiones de América Latina, y
particularmente en Bolivia, estas organizaciones han dejado de ser simples
estructuras dedicadas a actividades ilícitas. Han comenzado a imponer reglas,
controlar territorios, regular actividades económicas e influir en la vida
cotidiana. En otras palabras, también gobiernan.
Este fenómeno es conocido en la literatura especializada
como gobernanza criminal. Se produce cuando las organizaciones criminales
establecen mecanismos de regulación social, imponen normas de comportamiento y
ejercen funciones de autoridad, muchas veces en convivencia o colaboración con
agentes estatales. No significa que el Estado haya desaparecido: puede seguir
presente, compartiendo o incluso negociando espacios de poder. Surge así una
suerte de gobierno híbrido.
En Bolivia, esta realidad merece especial atención en
determinadas zonas del Chapare. Allí, los sindicatos cocaleros han ejercido
históricamente funciones de autoridad local, estableciendo reglas, sanciones y
mecanismos de control territorial. Algunos estudios académicos describen esta
situación como una forma de autoridad de facto. Esto no significa que todos los
productores de coca ni todas las organizaciones sindicales formen parte del
crimen organizado. El problema aparece cuando determinadas estructuras de
autoridad territorial se entrelazan con economías ilícitas y mecanismos de
protección del narcotráfico. En esos casos, la frontera entre autoridad social,
poder corporativo y actividad criminal se vuelve peligrosamente difusa.
¿Qué sucede cuando una organización criminal comienza a
ejercer funciones de autoridad? El problema deja de ser exclusivamente
policial. Aparece el control social mediante amenazas, castigos y restricciones
a la libertad; también el control económico, a través de extorsiones y
regulación de actividades ilegales. Los funcionarios pueden ser intimidados o
corrompidos, mientras las comunidades quedan sometidas a poderes que restringen
sus derechos. El ciudadano deja de recurrir al Estado y comienza a depender de
quienes ejercen el poder clandestino.
¿Cómo recuperar, entonces, la autoridad estatal?
La fuerza policial, por sí sola, es insuficiente. El crimen
organizado no disputa únicamente el monopolio de la violencia, sino también el
control territorial, económico, institucional y judicial. Se necesita una
estrategia integral basada en cinco pilares:
Primero, depuración institucional y blindaje judicial. No se
puede combatir al crimen organizado con policías, fiscales y jueces
infiltrados. Se requieren controles internos independientes, selección de
autoridades por mérito, protección a investigadores y sanciones efectivas
contra funcionarios corruptos.
Segundo, golpear las finanzas criminales. Detener cabecillas
y decomisar cargamentos no basta si el dinero sigue circulando. Hay que
investigar el lavado de activos, identificar testaferros, inmovilizar bienes
ilícitos y recuperar esos recursos mediante procedimientos judiciales con
garantías.
Tercero, recuperar el territorio. Los operativos policiales
o militares aislados no resuelven el problema si el Estado se retira
inmediatamente. Su presencia debe ser permanente y acompañarse de escuelas,
centros de salud, justicia, infraestructura y oportunidades económicas legales.
Cuarto, inteligencia y cooperación internacional. Las organizaciones
criminales operan mediante redes que atraviesan fronteras. Bolivia necesita
integrar información policial, fiscal y financiera, fortalecer la investigación
y coordinar acciones con los países vecinos.
Quinto, prevención social y reducción de las economías
ilícitas. Es necesario evitar el reclutamiento de jóvenes mediante alternativas
educativas, laborales y productivas. También corresponde discutir, sin
dogmatismos, políticas regulatorias que reduzcan la rentabilidad de
determinados mercados ilegales.
Bolivia aprobó en septiembre de 2026 su Política Antidroga
2026-2030, que incorpora varios de estos componentes: inteligencia financiera,
recuperación de activos, fortalecimiento institucional, desarrollo integral y
cooperación internacional. El desafío es convertir esos lineamientos en
resultados verificables. No basta con tener una estrategia escrita: hay que
ejecutarla.
El Estado no recupera autoridad solamente cuando vuelve a
entrar con policías en un territorio. La recupera cuando garantiza justicia,
seguridad, libertad y oportunidades; cuando ningún ciudadano necesita pedir
permiso a una organización criminal para trabajar, circular o resolver sus
conflictos.
Si el Estado no recupera su autoridad, el crimen organizado
seguirá gobernando paralelamente allí donde controle el territorio, el dinero,
las instituciones y, sobre todo, la vida de la gente.
*El autor es profesor de la Carrera de Ciencia Política de la UMSS.