
El Grupo de Apoyo a la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía advirtió este miércoles que el fallo del Tribunal Agroambiental sobre el proyecto Domo Oso-X3 representa una amenaza para toda el área protegida y cuestionó el discurso oficial que presenta esta exploración como una solución inmediata a la crisis energética del país.
La reacción se dio luego de que el Tribunal Agroambiental emitiera un fallo que sostiene que el proyecto petrolero Domo Oso-X3 se encuentra fuera de los límites de la Reserva de Tariquía, en el departamento de Tarija, abriendo la posibilidad de que la empresa brasileña Petrobras inicie actividades exploratorias que habían quedado en suspenso.
El Ministerio de Hidrocarburos emitió un comunicado en el que destacó la decisión del Tribunal Agroambiental, que levanta la suspensión temporal en el área San Telmo Norte, aunque el fallo exige a la operadora un plan de monitoreo ambiental continuo sobre los ríos Chiquiacá y Soledad, la biodiversidad y las emisiones, así como la presentación de informes semestrales.
Durante un análisis sobre los alcances de la resolución, los activistas y especialistas Jorge Campanini y Miguel Miranda, del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), pusieron en duda el discurso gubernamental en el sentido de que la explotación en la Reserva de Tariquía resolvería la crisis energética que amenaza al país, con base en informes de Petrobras y estimaciones oficiales de las reservas probadas y probables.
Los activistas mencionaron que, en cuanto a los plazos de conexión, en caso de que se llegara a encontrar gas, se requerirían perforaciones adicionales para certificar las reservas probadas y tardaría entre cinco y siete años conectar ese suministro al sistema nacional.
Además, advirtieron sobre la baja probabilidad de éxito de ese proyecto porque, según los datos oficiales, en todo el bloque San Telmo se estima un potencial de 3,3 trillones de pies cúbicos (TCF) de gas, que subirían a 4 TCF sumando el área Astillero, pero la probabilidad geológica de que ese recurso exista es del 18 % y la probabilidad de éxito comercial alcanza apenas el 20 %.
También, mencionaron los altos costos que demandaría el desarrollo integral del área San Telmo, que requeriría la perforación de unos 12 pozos, con una inversión global cercana a los $us 2.000 millones y entre $us 40 y 50 millones por cada pozo.
Los expertos consideraron que centrar el debate únicamente en la ubicación geográfica del pozo Domo Oso-X3 es un error, ya que las comunidades demandan la anulación de los contratos por el impacto en todo el bloque hidrocarburífero, el cual tiene un plazo de operación de casi 40 años.
"Si habilitan el X3, habilitan todo el bloque", advirtieron los representantes, señalando que la intervención afectará las cabeceras de cuenca y pondrá en riesgo hídrico no solo a Chiquiacá, sino a todas las comunidades de la zona, citando como antecedente los incidentes y la apertura de caminos ocurridos en proyectos como Churuma X2 y X3, también ubicados en el departamento de Tarija.
Además, recordaron que los pozos X1 y X2 solo requerirían actualizar su licencia ambiental en un plazo de seis meses para avanzar e ingresar a otras áreas de la reserva natural.
Asimismo, cuestionaron la capacidad y voluntad del Estado para fiscalizar a Petrobras, señalando que la entrega de informes semestrales no constituye una garantía real de protección ambiental y que las autoridades no realizarán ninguna acción de control efectivo sobre las actividades de la empresa brasileña.
Desde el grupo de apoyo recordaron que la defensa de Tariquía lleva una década y denunciaron que, entre 2017 y 2026, se registraron 362 hechos de vulneración contra defensores ambientales en el país, de los cuales 67 corresponden específicamente a Tariquía.
Entre los patrones denunciados figuran la estigmatización, el prebendalismo para dividir a las comunidades y la apertura de procesos penales contra comunarios.
Los especialistas señalaron que, tras este fallo, que consideran emitido bajo presión política y que sienta un mal precedente para otras áreas protegidas, se evalúan los siguientes pasos legales, entre los que se barajan solicitudes de enmienda y complementación o el traslado de la demanda a instancias internacionales.