Hay una frontera que separa a un país con problemas de un país que comienza a perder su condición de Estado. Esa frontera es la justicia. Cuando deja de funcionar, cuando los tribunales se venden, los fiscales se someten y la ley se convierte en una mercancía, el vacío no permanece libre. Alguien termina ocupándolo.
En Haití, las pandillas armadas han sustituido al Estado en extensas zonas del territorio, imponen sus reglas, cobran, extorsionan y deciden quién puede vivir y circular. En Afganistán, el poder de los fundamentalistas terminó imponiendo una justicia sometida a una interpretación religiosa radical. En Somalia son los piratas y traficantes de drogas los que mandan. Cuando las instituciones desaparecen, otros ejercen el poder y administran su propia justicia.
Bolivia está dando señales de alarma que indican que va en ese camino. Lo que está ocurriendo en nuestro sistema judicial debería estremecer a cualquier ciudadano y los números no hacen más que confirmar el desastre. El Índice de Estado de Derecho 2026 del World Justice Project ubica a Bolivia en el puesto 130 entre 143 países. En justicia penal estamos en el puesto 142, el penúltimo del planeta. No es una simple mala calificación. Es una advertencia sobre la fragilidad de nuestras instituciones.
El peligro es que terminemos convirtiéndonos no solamente en un Estado atravesado por el narcotráfico, sino en un Estado fallido, con instituciones incapaces de ejercer autoridad y organizaciones criminales que acumulen poder económico, territorial y político. El paso siguiente sería todavía más grave: la desintegración del Estado, cuando sus autoridades conservan los cargos, pero han perdido la capacidad real de gobernar.
Recuperar la justicia debe ser la primera prioridad nacional. No alcanza con detener a algunos funcionarios ni con cambiar autoridades. Se necesita una reforma estructural: selección de magistrados y fiscales por méritos. El gobierno de Rodrigo Paz tiene una responsabilidad histórica. Debe demostrar que no pretende administrar las ruinas de un sistema podrido, sino reconstruirlo. Y debe hacerlo sin convertir la justicia en un instrumento de persecución política. La ley tiene que alcanzar a todos, incluidos los propios gobernantes.
Hay que entenderlo de una vez: sin justicia no hay seguridad, sin seguridad no hay libertad, sin libertad no hay inversión y sin instituciones no hay país. Podemos discutir economía, hidrocarburos, educación, exportaciones y crecimiento, pero todo será inútil si no sabemos quién garantiza nuestros derechos y quién nos protege del poder criminal.
La justicia no es un lujo de la democracia. Es la condición indispensable para que exista un país. Y Bolivia está jugando con fuego. Si permitimos que los narcotraficantes terminen imponiendo su ley, mañana podríamos descubrir que todavía tenemos bandera, himno y autoridades, pero que hemos perdido lo más importante: el Estado.
Cuando la justicia desaparece, alguien ocupa su lugar. En Haití mandan las pandillas, en Afganistán se impone el poder de los fundamentalistas, en Somalia gobiernan los traficantes y piratas. Bolivia comienza a transitar un camino peligrosamente parecido.