No contentos con violarla, someterla, mancillarla y ponerla a su exclusivo servicio, los magistrados encargados de proteger y respetar a la diosa griega que representa la ley, el orden y la justicia divina, con vocación de proxenetas y rapacidad de halcones, le cambiaron la venda que cubría sus ojos —símbolo de que la ley no debe dejarse influenciar por el poder, el dinero, la fama o la clase social de quienes son juzgados— por un antifaz de maleante, prostituyéndola hasta convertirla en encubridora de las más execrables vilezas y perversiones.
La balanza, esa báscula que sostiene la diosa
Temis en sus manos y que simboliza la equidad, la proporción y el equilibrio
que deben primar entre las partes en conflicto, hoy fue convertida en un
aparejo de pesaje para la droga.
Asimismo, la espada, que simboliza la fuerza
de la ley, el poder coercitivo del Estado, la capacidad de hacer cumplir las
decisiones de la justicia y la demostración de que el veredicto no solo se
delibera, sino que cuenta con la autoridad suficiente para plasmarse en la
realidad, se va convirtiendo cada vez más en un arma dirigida al sicariato.
Entretanto, lo más siniestro de la justicia
boliviana acaba de quedar demostrado con la insólita emisión, por parte de la
Fiscalía General del Estado, de nada más y nada menos que un mandamiento de
aprehensión contra el expresidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ),
Romer Saucedo, por tráfico de sustancias controladas y organización criminal.
Este documento ya habría sido emitido el martes 3 de noviembre, es decir, un
día antes de que Saucedo huyera y se declarara en el exilio.
Recordemos que, unos días antes de la emisión
del mencionado mandamiento de aprehensión contra el Dr. Romer Saucedo, el
Departamento de Estado de los Estados Unidos incluyó los nombres de tres
fiscales entre las 13 personas a las que ya se les había revocado la visa por
sus presuntos vínculos con el narcotráfico. Sobre el exfiscal general del
Estado, Roger Mariaca, hoy preso en el penal de Cantumarca, la administración
de Trump afirmó que abusó de sus cargos públicos al solicitar y aceptar
sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a
evadir la justicia.
Sin ánimo de justificar ni absolver las
actividades anteriormente expuestas, recordamos el ominoso episodio
protagonizado por la jueza Patricia Pacajes, quien, durante una reunión social
y bajo los efectos del whisky Johnnie Walker, confesó que, siete años antes de
aquella insólita embriaguez, había condenado al médico Jhiery Fernández a 20
años de prisión por la violación y muerte del niño Alexander, pese a que este
joven galeno era inocente y víctima de una acusación infundada, según sostuvo
el fiscal general del Estado.
No serviría de nada volver a recordar los
fallos judiciales que, en estos últimos años, destruyeron las vidas y el honor
de bolivianos que no tuvieron la misma suerte que el Dr. Jhiery Fernández de
librarse de la cárcel y que, sin embargo, pagaron muy caro la furia de los
sicarios judiciales que les destrozaron el honor y la vida. Simplemente, para
refrescar la memoria, volvamos a mencionar lo ocurrido con la expresidenta
Jeanine Áñez, el exgobernador de Pando Leopoldo Fernández, don José María
Bakovic y muchas otras víctimas que sufrieron y siguen sufriendo la violación
de sus derechos.
Tampoco es justo, y menos aún correcto, dar
pábulo a declaraciones desaprensivas y cínicas como las de Álvaro García
Linera, quien, después de su huida a México, tuvo el tupé de criticar el manejo
judicial del país señalando: «Hoy, en Bolivia, la justicia simplemente ha
colapsado, está prostituida, está destruida». Palabras que habría que añadir al
caso del Hotel Las Américas, en el que este señor es señalado por los hechos de
asesinato y torturas. Dios quiera que alcancemos algún día una justicia ejemplar
y así evitemos la fuga de la diosa Temis.