El presidente boliviano, Rodrigo Paz,
pintó un cuadro de maravillas sobre la situación ambiental en Bolivia durante
la cumbre climática COP31, celebrada en Turquía. Habló de abundancia de agua
dulce, enormes reservas forestales, oportunidades millonarias de financiamiento
y de un país que podría convertir su riqueza natural en una extraordinaria
fuente de ingresos. El problema es que, esta vez, alguien se tomó el trabajo de
comprobar si lo que decía tenía algún sustento en la realidad.
Afortunadamente, las cumbres internacionales ya no son escenarios donde los mandatarios pueden subir a una tribuna, lanzar discursos grandilocuentes, adornarlos con cifras espectaculares y regresar a casa satisfechos por los aplausos. Ahora existe el fact-checking, una especie de detector de mentiras que confronta las declaraciones con estadísticas, documentos y estudios. Rodrigo Paz acaba de comprobar que no siempre se sale bien parado de ese examen.
El responsable de ponerlo bajo la lupa fue Bloomberg Línea, uno de los medios económicos y financieros más prestigiosos del mundo. En un reportaje de la periodista Lea Iriarte, titulado «El discurso ambiental de Rodrigo Paz choca con los datos sobre bosques, agua y minería en Bolivia», se contrastaron las declaraciones del presidente con información de expertos, investigadores y organismos internacionales. El resultado fue poco alentador.
Paz afirmó que Bolivia realiza el mayor aporte de agua dulce del mundo. Falso. Aunque nuestro país tiene una importante participación en las cuencas amazónica y del Plata, está lejos de ocupar el primer lugar. También aseguró que Guyana recibe 1.000 millones de dólares de Noruega por conservar sus bosques. La cifra mezcla dos operaciones distintas: 212,6 millones provenientes de un acuerdo con Noruega y otros 750 millones de un contrato comercial con una petrolera estadounidense.
Otro dato que tampoco resiste el contraste es la afirmación de que Bolivia nunca se benefició de fondos climáticos internacionales. El Fondo Verde para el Clima registra cinco proyectos aprobados en el país por aproximadamente 104 millones de dólares, además de 6,6 millones en apoyo preparatorio.
Las observaciones también alcanzan la política minera del Gobierno. Expertos y representantes políticos cuestionan que, mientras el presidente habla de compatibilizar minería y protección ambiental, el proyecto de ley minera podría abrir nuevas puertas a la explotación en áreas protegidas, debilitar la consulta previa y perpetuar problemas como el uso del mercurio.
El presidente tiene todo el derecho de vender al mundo una imagen optimista del país. Lo que no puede hacer es confundir promoción con información. En las relaciones internacionales, la credibilidad también es un activo económico y se construye con datos verificables. La buena noticia es que alguien está mirando la letra pequeña de los discursos presidenciales. Porque si algo necesita Bolivia para recuperar su prestigio internacional es menos propaganda, menos cifras improvisadas y más rigor. Ya no basta con hablar bonito ante los líderes del mundo. También hay que tener razón.
El presidente tiene todo el derecho de vender al mundo una imagen optimista del país. Lo que no puede hacer es confundir promoción con información. En las relaciones internacionales, la credibilidad también es un activo económico y se construye con datos verificables.