Bolivia necesita una reforma estructural de su sistema penitenciario, sustentada en seis medidas prioritarias: profesionalizar la administración carcelaria; clasificar criminológicamente a los internos según su peligrosidad; fortalecer los controles tecnológicos y las auditorías independientes; desarrollar inteligencia penitenciaria; reducir el uso excesivo de la detención preventiva y establecer mecanismos rigurosos de fiscalización y rendición de cuentas.
También corresponde debatir la participación privada en
determinados servicios penitenciarios. El artículo 74 de la Constitución
atribuye al Estado la responsabilidad de la custodia y reinserción social,
mientras que el artículo 88 de la Ley N.º 2298 permite privatizar ciertos
servicios, excluyendo la dirección, administración y seguridad. Un modelo
mixto, bajo control estatal efectivo, merece ser evaluado.
¿Necesitamos cárceles al estilo Bukele? Más que copiar el
modelo salvadoreño, Bolivia debería desarrollar establecimientos de máxima
seguridad con personal especializado, tecnología moderna, clasificación
individualizada de riesgos y supervisión judicial, sin vulnerar los derechos
fundamentales.
El trabajo penitenciario debe ser otro pilar de la reforma.
Los condenados deberían participar, conforme a la ley y bajo supervisión
estatal, en actividades productivas y de servicio social: limpieza de montes,
desbroce de maleza, mantenimiento de caminos y recuperación de espacios
públicos. Estas labores permitirían adquirir oficios, sostener a sus familias y
contribuir a reparar a las víctimas.
La cárcel no puede convertirse en un espacio donde imperen
el ocio, las mafias y los negocios sin control. Debe existir disciplina,
responsabilidad y autoridad estatal. Una cárcel no puede ser un territorio
donde la autoridad del Estado termina en la puerta de ingreso.
Algunos sostienen que el encierro no es solución porque la
reinserción social no existe. Esa afirmación confunde el fracaso de las
políticas penitenciarias con la imposibilidad de rehabilitar. La reinserción es
una finalidad constitucional que exige educación, trabajo, disciplina y
tratamiento criminológico. La prisión, cuando está legalmente justificada,
también cumple funciones de protección social. El problema no es que
rehabilitar sea imposible, sino pretender hacerlo en cárceles dominadas por el
hacinamiento, la corrupción y la ausencia de control.
La experiencia estadounidense ofrece otra reflexión, ya que
ésta contempla libertades bajo compromiso de comparecencia, fianzas y
supervisión judicial para evitar detenciones preventivas innecesarias y sus
costos económicos. Sin embargo, también mantiene elevados niveles de
encarcelamiento. Bolivia no puede limitarse a copiar esas instituciones, por
cuanto necesita jueces independientes, evaluaciones confiables de riesgos y
controles efectivos. Ya existen medidas cautelares alternativas; falta
fortalecer la institucionalidad para aplicarlas.
En definitiva, privatizar ciertos servicios o construir
cárceles más severas no resolverá por sí solo esta crisis. Bolivia necesita
recuperar el control efectivo de sus establecimientos penitenciarios, combatir
la corrupción y garantizar seguridad, trabajo y reinserción.
La fortaleza del Estado no se mide por la severidad de sus
cárceles, sino por su capacidad de impedir que el delito siga operando dentro
de ellas, respetando siempre la Constitución y la dignidad humana.
Esta versión conserva
los argumentos centrales y las propuestas del documento original, con una
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