A su paso por Bolivia, el presidente Rodrigo Paz, dijo que ahora tiene “platita” para cuatro años más en el cargo, y otros viajes por el mundo.
Lo que habrá que aclarar es que la “platita”
que trajo no son inversiones extranjeras, sino créditos, es decir préstamos
obtenidos en el exterior.
Esta clase de créditos acelerados, porque se
gestionan durante una visita de estado, resultan muy caros, porque el cliente
los necesita de urgencia, antes de retornar a su país.
Y eso se refleja en plazos cortos para la
devolución y en intereses muy altos aprovechando que el cliente tiene prisa.
En algún momento, probablemente en el
parlamento, se puedan conocer las condiciones en que fueron negociados esos
créditos.
Lo que resulta lamentable para la imagen
internacional del país es el ridículo que el presidente hizo cuando, después de
invitar a los inversionistas a invertir en Bolivia, les dijo que su gobierno no
tiene una ley de inversiones que los proteja.
En realidad dijo que no tiene una ley de
inversiones a pesar de hacer un viaje tan largo, desde el otro lado del mundo
para hablar de ese tema.
Si alguno de los sorprendidos inversionistas
se hubiera puesto a averiguar en persona o a través de sus colaboradores sobre
las condiciones tributarias que rigen en Bolivia, se hubiera llevado una
sorpresa muy desagradable.
En el área de los hidrocarburos, las empresas
privadas, extranjeras o nacionales deben pagar 93% de impuestos sobre lo que
hubieran producido, según dice un estudio hecho por la fundación Jubileo.
El impuesto más alto del mundo, que surgió
cuando se hablaba de la “Bolivia saudí” por las reservas de gas que tenía y que
le llevaron a proponerse exportar gas natural licuado a los Estados Unidos
Para operar en la “Bolivia saudí” había que
pagar impuestos cercanos a 100%, decían los asesores de aquel momento. Era como
ganar la lotería porque el país tenía infinitas posibilidades de exportar el
gas.
Entrando en detalles, el inversionista que
escuchó aquella invitación se habría informado de que la estatal del petróleo
ni siquiera paga a las empresas productoras su ínfima participación, de 7%.
La empresa estatal tiene una deuda de 350
millones de dólares con las empresas productoras porque no tiene dinero para
pagarles.
Luego vendría la pregunta decisiva: ¿hay
seguridades jurídicas para los inversionistas privados en Bolivia?
Sólo revisando la prensa boliviana, el
potencial inversionista se habría enterado de que, en este momento son 331 los
predios agrícolas ocupados por avasalladores solamente en el departamento de
Santa Cruz.
Respuesta del inversionista: no gracias, no
quiero invertir en Bolivia.
Siglo21bolivia.com