Tribuna

El debido proceso

El debido proceso
William Herrera Áñez | Jurista y autor de varios libros
| 2026-11-22 07:17:20

La Constitución boliviana consagra un elenco de derechos procesales fundamentales, que deben prevalecer en todo proceso judicial (arts. 115-123). También reconoce los “estándares básicos”, cuando dispone que “ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso”. Las partes en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para ejercer durante el proceso las facultades y los derechos que les asistan. La idea es que toda persona tenga derecho a ser oída por una autoridad jurisdiccional competente, independiente e imparcial…” y a ser juzgada en su idioma. El proceso justo abarca en realidad varios elementos como la necesidad de que el juicio concluya dentro de un plazo razonable, la independencia e imparcialidad de los jueces, el acceso directo a los tribunales, el derecho a ofrecer y producir pruebas, la motivación de las resoluciones, etc.

El debido proceso es el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales, aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar. Comprende la potestad de ser escuchado presentando las pruebas que estimen convenientes en su descargo (derecho a la defensa) y la observancia del conjunto de requisitos de cada fase procesal, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos. Las garantías que componen el debido proceso deben ser adecuadas y suficientemente amplias cuando se afecta a la libertad individual, a la seguridad jurídica, a la eficacia del sistema de justicia y a la convivencia ciudadana.

Las normas procesales son vinculantes y de aplicación inmediata para las autoridades judiciales o administrativas. Se trata en realidad de una garantía jurisdiccional, y un derecho humano previsto en los artículos 8 de la convención americana sobre derechos humanos y el artículo 14 del pacto internacional de derechos civiles y políticos. Es el conjunto de formalidades que deben observarse en las fases procesales, a fin de que las personas puedan defenderse ante cualquier afectación de sus derechos reconocidos por la Constitución, los convenios y pactos internacionales.

El debido proceso se constituye así en un derecho fundamental, un principio procesal y una garantía de la administración de justicia. Sin embargo, no podemos apartarnos de su verdadera esencia que se trasunta en la obligatoriedad impuesta a los administradores de justicia de asegurar y garantizar la emisión de decisiones correctas, razonables e imparciales que, enmarcadas dentro de los cánones legales, materialicen el mayor fin del Estado: construir una sociedad justa y armoniosa para vivir bien (arts. 8.II y 9.I CPE).

Este elenco de derechos es, no obstante, enunciativo por cuanto puede ser ampliado a través de la tarea tuitiva de la jurisdicción constitucional, y no limitativo del ámbito de protección del debido proceso. Esta garantía busca salvaguardar los derechos fundamentales y las garantías procesales cuando se afectan en un proceso judicial o administrativo. Las garantías procesales buscan, en este sentido, la limitación del poder punitivo del Estado, y asegurar la legalidad, regularidad y eficacia de la actividad jurisdiccional en todo tipo de proceso judicial.

La Corte IDH ha venido insistiendo que las autoridades administrativas y jurisdiccionales de los Estados parte del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, deben realizar un control de convencionalidad con respecto a la normativa de sus respectivos Estados para lo cual deben considerar no solamente la normativa de la convención americana de derechos humanos, sino además la jurisprudencia de la Corte IDH. Los convenios y tratados internacionales, ratificados por nuestro país, no sólo que son vinculantes y de cumplimiento obligatorio, sino que tienen prevalencia en materia de derechos humanos en relación a la Constitución boliviana, y deben interpretarse bajo los principios de favorabilidad de modo de materializar de la mejor manera posible los derechos fundamentales y garantías constitucionales previstas en la Constitución y en los tratados internacionales que forman parte del bloque de constitucionalidad.

Todo esto viene a cuento a propósito de las detenciones de las ex autoridades judiciales cruceñas en la ciudad de La Paz, cuando los supuestos hechos imputados han sido cometidos en Santa Cruz, lugar donde se encuentra el juez natural, garantía fundamental del debido proceso.

*Jurista y autor de varios libros.

William Herrera Áñez | Jurista y autor de varios libros