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Editorial
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El tiempo de la Bolivia ilegal
Miércoles,  17 de Agosto, 2016

Los mineros cooperativistas reconocen públicamente que algunas de sus peticiones, sino la mayoría, son ilegales, pero se empeñan en que el Gobierno las acepte y están dispuestos a continuar con sus despiadados bloqueos de carreteras hasta conseguir lo que buscan.

Como antecedente tienen mucho para echar en cara y escudarse. El país es testigo que el presidente Morales comandó alguna vez un bloqueo de treinta días en la carretera más importante del país y, cuando llegó a la primera magistratura, dijo que en Bolivia más importante es lo político que lo legal.

Entre otros aspectos, los cooperativistas rechazan que haya sindicatos dentro de sus empresas; no quieren respetar las normas ambientales; exigen plata del Estado para que les paguen a precios más altos por sus entregas de mineral; demandan inyección de recursos para sus emprendimientos; poner de ministro a uno de sus dirigentes; dotar de servicios básicos a sus cooperativas y encima de eso, seguir sin pagar impuestos, beneficio que les otorgó el actual “proceso de cambio”, en premio a su lealtad, una virtud que suele ser muy efímera y con una altísima factura en la política boliviana.

En realidad no vale la pena estrellarse contra los cooperativistas, pues ellos son sobrevivientes del fracaso del Estado boliviano y simplemente han aprendido a sacarle provecho a la adversidad, a la debilidad institucional y especialmente sacan tajada de la torpeza de los líderes cada vez que estos fracasan en sus aventuras.

Los cooperativistas fueron los mineros que decidieron quedarse en los viejos socavones abandonados por la Comibol en 1985, cuando se produjo la relocalización y muchos de sus colegas se fueron al Chapare, a Tarija, a La Paz y a Santa Cruz a invertir la platita de su indemnización en un taxi, un camioncito o en algún emprendimiento como un puesto de mercado o un pedacito de tierra para sembrar coca.

Los otros se quedaron literalmente a escarbar la tierra, a sobrellevar los tiempos de vacas flacas y cuando la bonanza multiplicó por cinco los precios, hicieron exactamente lo mismo que el Gobierno, derrocharlo todo, porque saben que su principal capital no es la tierra ni los minerales, sino de presionar políticamente para continuar viviendo en la ilegalidad, hecho que, insistimos, empezó en 1985, cuando la crisis también parió la ropa usada, el transporte libre, el cato de coca, los autos chutos, la multiplicación del contrabando y muchas otras formas que los bolivianos han ingeniado para vivir en un país fragmentado, inestable y extremadamente imprevisible.

Cualquiera podría pensar que en estas condiciones, Bolivia es un terreno fértil para desarrollar un proyecto liberal, pues está lleno de cuentapropistas, emprendedores y sobrevivientes. Simplemente habría que establecer las bases legales y diseñar un plan de formalización como lo ha hecho Perú, con notable éxito. Antes que eso, habría que cambiar la mentalidad largamente arraigada en muchos ciudadanos que quieren vivir del Estado y que se niegan a respetar las reglas. Habría que empezar por los líderes políticos, cuyo afán por el estatismo radica precisamente en las ventajas que otorga este ciclo perverso de crisis y periodos de bonanza.

Los cooperativistas son sobrevivientes del fracaso del Estado boliviano y simplemente han aprendido a sacarle provecho a la adversidad, a la debilidad institucional y especialmente sacan tajada de la torpeza de los líderes cada vez que estos fracasan en sus aventuras.

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